AGENCIAS
3 de abril de 2006

La defensa de las ideas ha dejado paso a la defensa de los territorios. Esta “desviación territorial” es “inquietante”, según Alfonso Guerra, que se ha referido hoy de esta manera al proceso de reformas estatutarias. El ex-vicepresidente del Gobierno también ha comparado la actual situación de España con la disolución de la URSS.

Guerra, cuyo cargo actual es el de presidente de la Comisión Constitucional, advirtió además de que una cosa parecida ocurrió en el momento de la disolución de la antigua Unión Soviética.

"Salvando todas las distancias, algo parecido ocurrió en el momento de la disolución de la URSS, en el que los dirigentes comunistas, viendo que aquello se disolvía, se envolvieron en las banderas nacionalistas de las repúblicas en que vivirían para seguir manteniendo el poder. Algo de eso, aunque más sutilmente, está sucediendo en España", señaló.


Aznar impulsó a los nacionalismos porque los demonizó

A su juicio, hay que tener un proyecto y, sobre esas ideas, construir una acción política, pero lo que se está produciendo es una desviación de las posiciones ideológicas hacia las territoriales, de forma que cuando un partido político de la derecha o la izquierda plantea una propuesta que cree que beneficia a su comunidad, da "igual" si ésta es conservadora o progresista, "todos se suman, nadie quiere quedar atrás".

Subrayó que el inicio de la "fiebre reformadora" procede de la última etapa del gobierno del PP, cuando el ex presidente José María Aznar "considera que una especie de cruzada antinacionalista le va a dar réditos y crea una especie de demonización de los partidos nacionalistas, lo que les induce a éstos a ir más allá de lo que habían pensado nunca".


“Una escalera que no tiene fin”

"Los que tuvieron un Estatuto antes de la Guerra Civil consideran que representan un paso más que los que no lo tuvieron y, cuando los otros se igualan, ellos piden un escalón más, con lo que es una escalera que no tiene fin", advirtió Guerra, que opinó que todos "deberían poner fin" a esta escalada "excesiva".

Consideró, además, "curioso" que en un Estado de las Autonomías algunos pretendan que los estatutos se hagan "con una fotocopiadora, que es lo contrario de la autonomía", lo que le llevó a afirmar que "hay una especie de contaminación nacionalista".


La defensa de ‘nación’ para Andalucía, una locura

"Que en Andalucía se defienda el término 'nación' es que se han vuelto literalmente locos porque el 99 por ciento de los ciudadanos dicen que eso es una tontería", indicó Guerra como ejemplo de lo que está ocurriendo y que achacó a la pretensión de "buscar un hueco político" en el actual proceso.

Puso también como ejemplo de la desviación territorial en detrimento de las ideas el hecho de que la derecha y la izquierda nacionalista coincidieran en la defensa, en el proyecto inicial del Estatuto catalán, de una financiación que suponía el "vaciamiento del Estado" y que introducía elementos "muy peligrosos" como el esfuerzo fiscal, un concepto "muy conservador e inventado porque el esfuerzo es el mismo para todos los españoles, vivan donde vivan".

Otro de los problemas de las reformas estatutarias se deriva, en su opinión, de la utilización del artículo 150.2 de la Constitución como instrumento para conseguir nuevas competencias, ya que con él el proceso constituyente "queda siempre abierto".


Habla de modificación encubierta de la Constitución

Guerra recordó que en su momento se opuso a dicho artículo, por el que el Estado puede delegar o transferir competencias mediante una ley orgánica, que considera un "error grave" porque permite que la Constitución se pueda modificar "sin pasar por el mecanismo establecido" por la propia Carta Magna para su reforma.

"Eso impide pensar en un cierre del reparto del poder político, económico y administrativo porque siempre queda el 150.2", insistió.

Convencido de la necesidad de recuperar la "moderación" en el proceso de reformas estatutarias, Guerra se congratuló, no obstante, del resultado final del Estatuto catalán, aunque reconoció que el consenso logrado es "limitado".

Subrayó que "no es verdad" que el texto aprobado por el Congreso avale que Cataluña es una nación, ya que lo que recoge es que "el Parlamento catalán dijo que es una nación".