AGENCIAS
27 de julio de 2006

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir diligencias informativas para analizar posibles irregularidades en el proceso de adjudicación del PAU El Quiñón de Seseña (Toledo). Una adjudicación que el propio presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, considera "transparente, legal e impecable".

Según informó un comunicado de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, las actuaciones relacionadas con la adjudicación de dicho PAU "podrían, en su caso, constituir un delito continuado de prevaricación, de falsificación documental y de malversación de caudales públicos".

La Junta de Castilla-La Mancha, una vez conocida la decisión de la Fiscalía, no quiso analizar la apertura de diligencias, al igual que la empresa Onde 2000, del empresario Francisco Hernando, más conocido como "El pocero", quien no quiso calificar la resolución de Anticorrupción.

Pero sí se pronunció el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, para considerar que si la Fiscalía ha decidido abrir diligencias informativas es "porque intuye que puede haber algo". "Nos dan la razón", apostilló.

Antes de hacerse oficial la apertura de diligencias por la Fiscalía, Barreda se mostró convencido de que el proceso de adjudicación de El Quiñón de Seseña es "absolutamente transparente, legal e impecable" tanto en lo jurídico como en lo administrativo.

El presidente castellano-manchego se entrevistó con el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Palacio de La Moncloa y fue preguntado por esta cuestión en la conferencia de prensa posterior a la reunión, que se alargó aproximadamente dos horas.

En su respuesta, Barreda afirmó que en la actuación urbanística hay programadas diferentes fases que tendrán que ejecutarse "despacio, con tranquilidad y a su debido tiempo" por cuanto uno de los problemas que han afectado al procedimiento de adjudicación, según reconoció, tuvo que ver con la concesión de licencias "en algún caso precipitadas sobre lo previsto".

Tras subrayar que en el PAU "hay personas normalmente con una procedencia social" que les empuja "a querer una vivienda mejor que la que tienen, pero a un precio asumible", señaló que la Junta no abandonará a esas mismas personas porque necesitarán, en cuanto ocupen sus casas, las condiciones de habitabilidad que asegura un Estado moderno.