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GEMA SÁNCHEZ
20 de septiembre de 2007
Ellos necesitan trabajo y los agricultores empleados. Parece sencillo, pero la solución es ilegal. Más de mil inmigrantes rumanos se han asentado en
Santa Marta de los Barros, un pueblo de Badajoz. Viven en condiciones infrahumanas y, a pesar de no tener permiso de trabajo, muchos acuden cada día a la vendimia por unos 50 euros. Los agricultores dicen que es la única mano de obra que tienen para poder llevar a cabo la recolección.
En Santa Marta de los Barros, un pueblo a 45 kilómetros de Badajoz, viven la mayor parte del año 4.200 vecinos. Durante los meses de la vendimina la población aumenta en mil personas más. Son inmigrantes, en su mayor parte rumanos, que se han asentado de forma ilegal a las afueras del pueblo y han convertido una tienda de campaña en su hogar. Viven sin agua potable y sin luz. “La suciedad y el olor son insoportables”, cuenta Javier Reyes, el jefe de la Policía Local del municipio.
El pueblo ya está acostumbrado a recibirlos. Éste es el cuarto año que se instalan en Santa Marta de los Barros, pero dicen los vecinos que es la primera vez que se han convertido en un problema. “Tenemos problemas de seguridad, se han denunciado varios robos de rumanos”, asegura Javier.
Imagen del del asentamiento de rumanos en Badajoz
La agricultura es la base económica de este pueblo con 4.000 hectáreas de viñedo. Mucho terreno por vendimiar y, según Asaja, sin temporeros extremeños dispuestos a hacerlo. “Este año pedimos 500 trabajadores y no ha venido ninguno. Tenemos que recurrir a estos inmigrantes para terminar la recolección con éxito”, defiende el presidente de Asaja en Extremadura, Viviano Serrano.
50 euros por jornada
Por una jornada de cinco horas y media, cada temporero cobra entre 40 y 50 euros. “Da igual que sea español que rumano, se les paga lo mismo”, defiende Asaja. En Rumanía por el mismo trabajo se recibe 5 euros.
Para el Ayuntamiento la solución es que los inmigrantes lleguen al pueblo con un contrato de origen. En Asaja exigen que se “se suprima el periodo de contratación” y se creen infraestructuras para acogerlos. “Nadie se atrave a alquilar un piso a un rumano”, cuenta Viviano.
Inspecciones
La Delegación del Gobierno ha realizado inspecciones a pié de campo para detectar a trabajadores ilegales. De momento, ha localizado a 25; pero todas las fuentes reconocen que es un secreto a gritos que “hay muchos más”. Los agricultores que recurran a esos temporeros ilegales se pueden enfrentar a una sanción de entre 6.000 y 60.000 euros.
Después de la vendimia en Extremadura, se irán a Córdoba a recoger la aceituna, después a la fresa de Huelva, a Albacete… Como nómadas, recorren toda España en busca de cualquier trabajo que necesite mano de obra. GSM
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