AGENCIAS
17 de enero de 2006

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha acordado prohibir el congreso que la ilegalizada Batasuna tenía intención de celebrar el próximo 21 de enero en Baracaldo (Vizcaya). Además, ha vuelto a suspender las actividades de esta formación por dos años.

El juez explica en un auto los motivos por los que ordena la suspensión de las actividades de Batasuna y prohíbe el congreso de la formación previsto para el día 21. El texto advierte de que "cualquier actuación tendente a auxiliar su celebración" puede ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista o de desobediencia".

El juez de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en un auto de 37 folios en el que pide también a los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil, así como a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, que comuniquen si se celebra o no dicho acto y, de celebrarse, las razones por las que no se ha impedido.

"La anterior investigación deviene relevante toda vez que cualquier actuación tendente a auxiliar su celebración pudiera ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, bien de un delito de omisión del deber de impedir delitos, bien de desobediencia", destaca la resolución.

El juez acuerda por ello solicitar a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco que informe a los representantes legales del Bilbao Exhibition Center (BEC) para que "se abstengan de ponerlo a disposición de los convocantes, necesariamente por persona intermedia, al adolecer HB-EH-Batasuna de personalidad jurídica, y con la advertencia" de que de no impedirlo sus responsables podrían incurrir en los citados delitos.


Supendida de actividades desde 2002

La orden de suspensión de actividades, que no puede exceder de cinco años, fue decretada por primera vez en agosto de 2002 y debía haberse prorrogado el pasado verano, aunque finalmente no se hizo bajo el argumento de que no era necesario al haber sido ilegalizada por el Tribunal Supremo, en marzo de 2003.

En esta comparecencia tanto el fiscal como las acusaciones solicitaron que se renovara la suspensión de las actividades de Batasuna, decretada por tres años en 2002, al entender que, aunque la sentencia de ilegalización debía tener como efecto la no actuación de esta formación, se ha detectado que aún sigue actuando.

En este sentido, Grande-Marlaska estima que el que Batasuna ya no constituya un partido político "formalmente constituido", no excluye que se le pueda aplicar el artículo 129 del Código Penal.

Esto es así, según el auto, porque la formación y sus dirigentes más significativos, muchos de ellos procesados en esta causa, en la que se investiga la integración de Batasuna en ETA, "no se limitan a una actividad pública, más o menos amparada en el libre ejercicio" del derecho de expresión, reunión y asociación, "sino que pretenden conformar un Congreso Político" como colofón del proceso denominado "Bide Eginez" (Haciendo Camino).

El juez, quien basa su resolución en los informes policiales que solicitó de cara a este Congreso, asegura que este proceso comenzó hace unos cuatro meses y está dirigido a fijar la estrategia y directrices de actuación de Batasuna, "nunca ajena a las directrices de la rama militar de la organización terrorista ETA".

El titular del juzgado de Instrucción 5 ha tomado esta decisión después de que el fiscal y la Asociación de Víctimas del Terrorismo se mostraran este martes a favor de impedir que la formación ilegalizada celebrara el acto anunciado.

Batasuna recusa a Grande Marlaska

Horas antes de que el juez tomara esta decisión, la defensa de Batasuna ha intentado impedir que el magistrado siguiera al frente de este proceso y ha recusado a Grande Marlaska por parcialidad manifiesta y también se ha querellado contra él por prevaricación. Posteriormente esta recusación ha quedado desestimada.

Según informaron hoy fuentes jurídicas, la defensa de Batasuna, que ejerce la abogada Jone Goirizelaia, recusó a Grande-Marlaska al entender que "un juez debe trabajar en función de la ley y no utilizarla en interés político".

Además de la recusación, los abogados de Batasuna presentaron ante el Tribunal Supremo una querella contra el juez por un delito de prevaricación al considerar que su decisión de revisar la suspensión de actividades de la formación, que caducó el pasado verano, es una decisión premeditada e injusta.

Críticas al PP de Conde-Pumpido

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en respuesta a la "insinuación" hecha en el escrito que el PP presentó pidiendo a la Fiscalía que no "traicione" la legalidad e impida el acto de Batasuna es "absolutamente intolerable".

Conde-Pumpido va a pedir al presidente popular, Mariano Rajoy, que la retire. Tras un desayuno de trabajo en el Ministerio de Justicia estimó que la querella presentada por los abogados de esta formación ilegalizada contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska "no podría paralizar el proceso".