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Tres detenidos en Ibiza por resistirse al paso de las excavadoras que construyen una gran autopista
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BELÉN TOLEDO
23 de marzo de 2006

Tres personas han sido detenidas esta mañana en Ibiza por la Guardia Civil, cuando se resistían a abandonar una finca que iba a ser destruida por las excavadoras, según testigos. Los tres detenidos, junto a un nutrido grupo de vecinos, intentaban evitar que las máquinas siguieran con la construcción de una autovía que gran parte de los ibicencos consideran ilegal y desproporcionada para el tamaño de la isla.

La finca ha sido finalmente ocupada por las excavadoras y los manifestantes han sido dispersados. Los detenidos, a las cinco de la tarde de hoy, seguían en dependencias de la Guardia Civil. El resto de manifestantes han sido dispersados. Según los testigos, había más de doce vehículos del Instituto Armado y unos veinte policías nacionales.

Las autoridades, siempre según los testigos, han requisado fotografías y han hecho detenciones de forma arbitraria. Ni la Delegación del Gobierno en Baleares ni la Dirección Insular han respondido a la llamada de Informativos Telecinco para confirmar o desmentir estos hechos.


Denuncian que es una obra ilegal y desproporcionada

Los vecinos se quejan de que, debido a las prisas del Gobierno balear por acabar la autovía antes de las elecciones de 2007, las expropiaciones no están cumpliendo con los trámites legales necesarios. Aseguran que las autoridades entran en las fincas sin más justificación que actas de ocupación falsificadas (con firmas que no son de los propietarios) o, como en este caso, en blanco.

La lucha contra la autopista se remonta a 2003. El Gobierno balear impulsa desde entonces la construcción de una carretera, que tiene hasta ocho carriles en algunos tramos, para unir el aeropuerto con la ciudad de Ibiza. Los vecinos se han unido en la plataforma “No volem autopista” (No queremos autopista) para intentar parar las obras.

Se quejan de que es innecesaria y desproporcionada en una isla tan pequeña. Denuncian que el único objetivo de la obra es beneficiar a la élite empresarial y política. Citan a Abel Matutes, y señalan que su hija, Stella, es consejera de vías y obras del Consell Insular (más o menos, el equivalente de las diputaciones en la península). Él es, además, vocal de FCC, la empresa constructora que se va a encargar de la ejecución de la obra.

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