Estos son los casos de corrupción más destacados que actualmente se están investigando en las Islas Baleares.

IBIZA

SANT ANTONI DE PORTMANY: "Caso Cretu", por la concesión de una licencia municipal para que el productor musical Michel Cretu pudiera construir su mansión en la cima de una colina en Santa Inés, en este municipio. La denuncia fue interpuesta en 1999 por un grupo ecologista contra el entonces alcalde Antoni Marí Tur (PP). La licencia fue declarada ilegal y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) confirmó en noviembre de 2005 que la casa debía ser derribada, tras lo cual el Ayuntamiento de Sant Antoni presentó un recurso. El derribo no se ha llevado a cabo y en este momento hay varios recursos pendientes de resolución.

SANT JOSEP: El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció por prevaricación al alcalde, José Serra (PP), al haber concedido una licencia de obras en un terreno no urbanizable. La causa está pendiente de juicio en el que el fiscal pedirá penas de cárcel y de inhabilitación.

SANTA EULARIA: IU denunció al alcalde, Vicente Guasch (PP), por la autorización municipal para la construcción de la urbanización de Ses Torres de Talamanca en suelo rústico. Está pendiente de juicio.

MALLORCA

ANDRATX: La Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias contra el edil popular, Eugenio Hidalgo, por presunto delito ecológico al construir 20 edificios en Monport (Área Rural de Interés Paisajístico). Además, acumula otras dos causas por construir dos mansiones, promovidas por su familia, en una de las zonas más exclusivas de la isla, Cala Moragues.

CALVIÁ: La ex alcaldesa Margarita Nájera se enfrenta a siete procesos penales por concesión de licencias urbanísticas en los casos llamados "Estrategia Local", "Chalet de Santa Ponsa", "Western Park", "SYP", "Solares de Santa Ponsa y Grupo HPT Instal" y "Paseo de Calviá", todos ellos denunciados por el PP. Algunos están pendientes de juicio y otros de sentencia.

SANTA MARGALIDA: la Fiscalía está investigando a varios miembros del equipo de Gobierno debido a una grabación en la que, supuestamente, el alcalde popular reconocía que algunos concejales de su Gobierno habían cobrado 6.000 euros como comisión por recalificar unos terrenos.

MENORCA

CIUTADELLA: Dos concejales del PP y del Partido Menorquí están siendo investigados por la Fiscalía por estafa, tráfico de influencias, negociación prohibida y abuso de la función pública.