AGENCIAS
18 de enero de 2006

El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite la querella por un delito de prevaricación que presentó ayer Batasuna contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que ha ordenado la suspensión de actividades por dos años de la formación ilegalizada.

Así lo establece la Sala de lo Penal del TS en un auto hecho público hoy, que explica que se rechaza la citada querella "al considerar que los hechos objeto de la misma no son constitutivos de delito".

La querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, fue interpuesta por Batasuna alegando que la decisión del juez de revisar la suspensión de actividades de la formación, que caducó el pasado verano, era premeditada e injusta.

El Alto Tribunal argumenta que el auto del juez en el que acordó pedir información a la Policía y a la Guardia Civil sobre el posible desarrollo de actividades de carácter político por parte de Batasuna, tildado de "resolución injusta y prevaricadora" por la formación ilegalizada, "es una aplicación correcta de los artículos 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 129.2 del Código Penal, toda vez que se deriva de una interpretación literal de dichas disposiciones".

"Por lo tanto, no puede configurar una resolución injusta", indica.

Según explica, "la jurisprudencia en relación al delito imputado a Grande-Marlaska requiere que la aplicación del derecho sea arbitraria o injusta, es decir, que la norma haya sido aplicada tergiversando su contenido o con expresión ya acuñada en el contexto de este delito 'retorciendo' la norma aplicada".

Concluye que "dicha resolución de inadmisión 'ad limine' (de plano) de la querella no es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, siempre que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el órgano judicial entienda razonadamente que la conducta o los hechos imputados carecen de ilicitud penal".

El auto, con fecha de ayer y que consta de dos folios, está firmado por los magistrados Juan Saavedra -presidente de la Sala de lo Penal del Supremo-, Enrique Bacigalupo, Joaquín Delgado, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.