ELENA POSTIGO FERNÁNDEZ
19 de diciembre de 2007

La compensación por las copias privadas tiene ya traducción económica. Según las previsiones, entre 100 y 115 millones de euros saldrán de los bolsillos de los españoles para pagar los derechos de los autores a través del canon. Para el Gobierno es una solución "pragmática, equitativa y proporcionada". Los consumidores, por su parte, no quieren pagar un peaje que consideran "indiscriminado".

En 2006, se vendieron más de tres millones de reproductores de MP3 y MP4. Los móviles ascendieron a los 20 millones. Los CD y DVD alcanzaron la astronómica cifra de 200 millones de unidades. Las estimaciones son parecidas para este año que está a punto de terminar.

Con las cifras de venta en la mano, se puede estimar que los beneficios por el canon digital ascenderían este año, como mínimo, a los 105 millones de euros, según fuentes de la propia industria. Las valoraciones más alcistas llegan incluso hasta los 115 millones de euros anuales.

Una polémica que viene de lejos

El canon no es algo nuevo. En julio del año pasado, el BOE publicó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). En él, se incluía la tan debatida "compensación por copias privadas". Las Cortes, por unanimidad, dieron entonces el visto bueno al documento.

El canon digital se regula mediante la Directiva Comunitaria 2001/29/CE. En ella, se establece que los propios autores son quienes "autorizan o prohíben la reproducción directa o indirecta" de sus obras. Sin embargo, el texto especifica que, en el caso de las copias privadas, son los Gobiernos los que establecen las "compensaciones equitativas".

El Congreso decide

El Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información llega al Congreso. Llega el Proyecto y llegan las enmiendas. El canon puede suprimirse de aprobarse el texto. Según el abogado Carlos Sánchez Almeida, "los diputados pueden o aprobar todas las enmiendas en bloque, o rechazarlas en su conjunto". La tercera opción es que el Gobierno retire el proyecto antes de la votación.

Desde el Ejecutivo, que defiende el canon por ser una medida "pragmática, equitativa y organizada", ya se minimizan los efectos. Incluso, se habla de supresión. El Ministro de Industria, Joan Clos, ha asegurado que, en un futuro, "se podrían estudiar otras medidas para dar con un mecanismo mejor que financie los derechos de autor".

El culebrón del canon parece no tener fin, al menos, de momento.