AGENCIAS
29 de marzo de 2006

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, dijo que "no está previsto ningún cambio de criterio" de la Fiscalía para aplicar la ley respecto a la actividad de partidos ilegalizados, aunque confió en que pueda haber "una realidad nueva y distinta a la que aplicar la ley".

Conde-Pumpido compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar, a petición del grupo parlamentario popular, los criterios de la Fiscalía para evitar legalmente que los partidos políticos disueltos o suspendidos realicen cualquier tipo de actividad y para informar sobre la política de nombramientos en la carrera fiscal.

Durante su intervención, el fiscal general recalcó respecto a la ilegalización de partidos que su criterio "no era otro que el derivado de la ley, interpretada por la jurisprudencia" del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. "Ése era, es y va a seguir siendo" el criterio de la Fiscalía -insistió Conde-Pumpido- quien explicó que esa misma ley y la misma jurisprudencia "impiden que puedan ser objeto de exclusión, ni individual ni colectivamente, quienes sí aceptan esas reglas del juego, vengan de donde vengan, se organicen como se organicen y nos gusten o no nos gusten sus ideas y sus proyectos".

Para el fiscal general está claro que los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó HB-EH-Batasuna "única y exclusivamente pueden afectar el funcionamiento y la actividad de los partidos u organizaciones concernidos y no extienden sus consecuencias prohibitivas o restrictivas a cualquiera actividades individuales, o incluso colectivas de quienes habiendo pertenecido a tales organizaciones no se ven privados" del pleno ejercicio de sus derechos.

Recordó que la grandeza del Estado de Derecho "reside en que es capaz de asimilar la opinión y la participación de todos, incluso de los que niegan sus esencias, siempre que los instrumentos que emplean se acomoden a los cauces democráticos". Por ello, advirtió que "no está previsto, por si alguien se le ocurre ir por ese camino, ningún cambio de criterio del fiscal en la aplicación de la ley, en cuanto afecta a la actividad de partidos ilegalizados".

No obstante, expresó su esperanza de que pueda haber "una realidad nueva y distinta a la que aplicar la ley" y dijo que el Ministerio Público alberga la esperanza "como creo que ocurre hoy en las conciencias de la gran mayoría de los españoles".

El fiscal general recordó que "nada impediría que las mismas personas que integraron un partido suspendido o disuelto constituyan una nueva formación política cuyos medios y fines se ajusten a la Constitución y a la ley".