8 de mayo de 2006

El PP quiere que el actual ministro de Defensa, José Antonio Alonso, pague con la salida del Gobierno la condena a tres policías por la detención ilegal de dos militantes del partido que participaron en una manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo en enero de 2005. También han pedido el cese del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, comparecieron en rueda de prensa para denunciar la que consideran "la primera detención ilegal por motivos políticos en la España democrática".

Acebes aseguró que Alonso "ya no puede esconderse detrás de los policías", por lo que debe asumir su responsabilidad y abandonar el Gobierno. Además, pidió el cese de Méndez, porque en la sentencia el tribunal tiene la "leve sospecha" de que las declaraciones del delegado del Gobierno en las que auguraba que habría detenciones pudieron influir en los policías.

El PP pedirá un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para debatir este asunto y ofrecer un foro al Gobierno en el que asumir las "responsabilidad políticas" pertinentes.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó que la sentencia pone de manifiesto el "deterioro de la democracia" que se vive en España desde que PSOE ganó las últimas elecciones.

Aguirre atribuyó una "enorme importancia" a la sentencia porque da por probada la detención ilegal de dos militantes y sostiene que las declaraciones de Méndez pudieron influir en los agentes hasta el punto de detener sin motivo a los afiliados del principal partido de la oposición.

La presidenta regional insistió en el cese de Alonso y Méndez por el carácter "gravísimo" de la sentencia e interpretó que, de producirse estos hechos en Gran Bretaña, se desencadenaría una "cascada de dimisiones" y "habría caído (el primer ministro) Tony Blair".

Aguirre se preguntó qué habría pasado si, en lugar de dos militantes populares, se hubiese detenido a dos afiliados del Partido Socialista durante alguna de las manifestaciones de la pasada legislatura.

Finalmente, la presidenta del Gobierno madrileño solicitó que se reponga en su puesto de jefe de grupo de la Brigada de Información de Madrid al policía que se negó a detener a los dos militantes del PP y que fue cesado acto seguido por el comisario responsable de la Brigada.