AGENCIAS
9 de mayo de 2006

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que el gobierno respeta y acata la sentencia judicial contra tres policías que detuvieron a dos militantes del Partido Popular en Madrid pero discrepa de su contenido y la recurrirá.

En declaraciones a los periodistas en Lisboa, Fernández de la Vega se refirió también a la dimisión, a raíz de la sentencia, del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, y dijo que pese a la discrepancia con la actuación judicial "el gobierno asume las responsabilidades".

"La sentencia deja meridianamente claro que no hubo instrucción política y que se ha tratado por tanto de una actuación profesional, valorada judicialmente de una forma de la que discrepamos", señaló. Pero "a pesar de todo ello esa dimisión lo que pone de manifiesto es que este gobierno tiene otra forma de hacer política, que desde el punto de vista de los principios democráticos el gobierno asume las responsabilidades".

"El gobierno respeta y acata, como siempre hemos hecho -subrayó- la decisión judicial, que no es firme y que vamos a recurrir", pero "también respeta y apoya a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que vienen demostrando una gran profesionalidad y una gran eficacia al servicio del estado".

"Lo que no me parece razonable -puntualizó la vicepresidenta- es que se utilice a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para intentar desgastar al gobierno, es una mala práctica que hasta ahora no tenía precedentes y que espero que desaparezca, que no se insista en ella, porque no es razonable".

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a tres policías a penas que oscilan entre 3 y 5 años de cárcel por la detención ilegal de dos militantes del PP tras una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la que el ex ministro de Defensa José Bono fue increpado.