AGENCIAS
12 de diciembre de 2005

La COPE quiere que el Parlamento Europeo investigue la actitud del Gobierno catalán en relación a las emisoras de la cadena en Cataluña. Para ello, ya tiene más de 500.000 firmas de apoyo a la iniciativa presentada por nueve periodistas españoles que denuncian una operación de acoso contra estas emisoras. Entre los periodistas firmantes, se encuentran Luis Herrero, Alfonso Ussía, Pedro J. Ramírez, Antonio Mingote y Melchor Miralles.

El manifiesto denuncia una "operación política" destinada a "desposeer a la segunda cadena de radio más importante de España de todas sus emisoras en Cataluña". "Si no se evita a tiempo, miles de ciudadanos perderán su derecho a escuchar los programas radiofónicos que libremente han sintonizado durante años", añade el texto.

A juicio de los firmantes de la iniciativa, dicha operación "hará imposible el ejercicio de ese derecho fundamental en una amplia zona geográfica de la UE". "Pedimos al Parlamento Europeo que llame la atención sobre esta violación de los derechos de los ciudadanos cometida por instituciones de un Estado miembro", reclama.

Asimismo, relata que en mayo de 1999, la Generalitat de Cataluña "arrebató" a la cadena COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal Española, todas sus frecuencias en FM en Tarragona, Manresa y Barcelona. El manifiesto continúa afirmando que el 16 de marzo de 2000, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentenció que, con aquella decisión, el gobierno catalán había vulnerado el derecho fundamental de la libertad de expresión.

Posteriormente, según los firmantes, el 6 de septiembre de 2005 el Gobierno de la Generalitat acordó continuar con los procedimientos de readjudicación de las emisoras que se vieron afectadas por la sentencia del 16 de marzo del 2000.

"Hasta ahora, ninguna de las reclamaciones de las distintas agrupaciones profesionales ha servido para que las autoridades catalanas reconsideren su posición. Al contrario. Su beligerancia contra la COPE y sus profesionales ha ido en aumento --añaden--. Los firmantes de esta petición solicitamos que el Parlamento Europeo investigue con carácter de urgencia los hechos denunciados, certifique su veracidad y obre después en consecuencia".