AGENCIAS
7 de abril de 2006

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y el actual regidor en funciones, Tomás Reñones, han comparecido este viernes como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella acusados de varios delitos contra la ordenación del territorio.

Además de Muñoz y Reñones, han acudido a los juzgados otros concejales y tenientes de alcalde que formaban parte de la Comisión de Gobierno municipal cuando, supuestamente, se cometieron los delitos.

Muñoz ha acudido a las dependencias judiciales tras su incomparecencia a la citación judicial el pasado lunes para testificar como imputado por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

En este caso, el supuesto delito estaba motivado por un exceso de edificabilidad al aprobar en 2001 una licencia de obras en Jardines de la Playa, en la zona de Guadalmina, según fuentes judiciales.

Posteriormente, los imputados han comparecido en relación a una licencia de obras concedida en mayo de 2002 para 40 viviendas y un edificio comercial en una parcela calificada como no urbanizable en la zona de Holanducía.

La declaración judicial de Julián Muñoz y otras cinco personas, entre concejales y ex ediles del GIL, como imputados por este supuesto delito urbanístico, estaba prevista para el 9 de marzo, aunque entonces fue aplazada.

Fuentes del caso han informado de que Ernesto Osuna, el abogado que representaba a todos los imputados excepto al concejal no adscrito Alberto García Muñoz, solicitó en aquel momento el aplazamiento al tener otra cita judicial.

Precisamente Osuna ha informado de que los inculpados han señalado en su declaración que aprobaron la citada licencia, ya que contaban con informes técnicos y jurídicos positivos, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de 1998.

El otro asunto por el que han comparecido está relacionado con la demolición de un inmueble ubicado en el centro histórico de la localidad que, de acuerdo con la zona donde se encontraba, debía tener especial protección.

Según Osuna, los miembros de la Comisión de Gobierno municipal autorizaron la demolición del inmueble -pese a estar suspendida hasta que se aprobara un plan para el centro-, ya que contaban con informes en los que se señalaba que en el edificio, de los años 60 ó 70, no había elemento digno de protección y que el nuevo que se construyera en ese espacio se iba a "integrar" arquitectónicamente.