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15 de noviembre de 2005

Vuelos clandestinos de la CIA con escala en Palma. El Diario de Mallorca desvela el aterrizaje y despegue en Son Sant Joan de aviones espía estadounidenses con presuntos terroristas en su interior. El destino, cárceles en países con pocas garantías para los detenidos.

El diario de Mallorca aportó en junio pasado información precisa sobre matrículas de vuelo, identificación de las tripulaciones y fechas. Los vuelos habrían comenzado en enero de 2004.

Los aparatos, fletados por la CIA, hacían escala en el aeropuerto mallorquín de Son San Joan. En los aviones viajaron, asegura el diario, presuntos terroristas, algunos de ellos supuestos miembros de Al Qaeda, que desde Palma, son trasladados a otros países de la Europa del Este, Egipto, Marruecos o Afganistán. Países, donde los derechos procesales no están garantizados.

La prensa internacional se ha hecho eco de la noticia, especialmente los diarios estadounidenses Washington Post y New York Times que hace semanas ya denunciaron la existencia de esas cárceles secretas en las que CIA mantiene secuestrados a más de 100 detenidos.

Sobre estos hechos, Alemania e Italia ya han comenzado una investigación y la Unión Europea lanzaba ayer la primera advertencia. El vicepresidente de la comisión europea y responsable de Interior, Franco Frattini, aseguró que de ser ciertos los hechos constituirían una grave violanción de los derechos humanos y tendrían graves consecuencias penales.

Investigación de la guardia civil

A partir de las informaciones aportadas por el Diario de Mallorca, la guardia civil inició hace meses una investigación tras la denuncia de un grupo de ciudadanos, encabezados por el letrado mallorquín Ignasi Ribas, por los supuestos delitos de detención ilegal, secuestro y torturas relacionados con los aviones que habían hecho escala en el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca).

El resultado de la misma da cuenta de las operaciones de cuatro aviones, dos Boeing 747 con matrículas N313P y N4476S, y dos Gulfstream con matrículas N8068, y N85VM. Entre el 22 de enero de 2004 y el 17 de enero de 2005, esos cuatro aviones hicieron escala en Palma de Mallorca al menos en 10 ocasiones.

El primer vuelo analizado correspondía al Boeing 747 procedente de Argel el 22 de enero de 2004. Un día después, despegó de Palma de Mallorca con destino a Macedonia. Allí recogió supuestamente al súbdito alemán Khaled el Masri y le trasladó a una cárcel de Kabul sin ningún control judicial. La Fiscalía de Munich investiga lo ocurrido.

La Guardia Civil analizó la propiedad de los aviones y se encontró con que uno de los Boeing estaba matriculado en Estados Unidos y era propiedad de Keeler and Tate Management. Todos los servicios que se prestaron en el aeropuerto a ese avión fueron solicitados por la empresa Jeppesen Dataplan, domiciliada en California y cuyo objetivo social era "la gestión de servicios de handling, derechos aeroportuarios y permisos de sobrevuelo".

La Guardia Civil descubrió que el "propietario explotador" de tres de los cuatro aviones era Stevens Express Leasing, una de las empresas estadounidenses que, según The New York Times, figura entre las relacionadas con los aviones de la CIA para secuestros de supuestos terroristas de origen islamista.

Otro dato obtenido por la Guardia Civil tiene que ver con la empresa que solicitó la limpieza del avión con matrícula N85VM. Se trata de Air Routing International, domiciliada en Houston. Esa aeronave era explotada a su vez por la compañía norteamericana Richmon Aviation.

La investigación de la Guardia Civil llegó hasta la identidad de los ocupantes de los distintos aviones, al conocer que se habían hospedado en los hoteles Gran Meliá Victoria y Marriot Son Antem Llucmajor. Hasta 50 ciudadanos estadounidenses llegaron en los aviones investigados y se hospedaron en estos hoteles. La mayoría de ellos, según el informe de la Guardia Civil, tenían pasaporte "con numeración de inicio 900". Los investigadores deducen en función de ese dato que se trataría de "personas con estatus diplomático".



Según informa también El País, el Centro Nacional de Inteligencia pidió, antes del verano, que se evitase utilizar territorio español para personas detenidas ilegalmente.