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22 de diciembre de 2005

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha cedido de forma gratuita al Obispado seis solares con un valor de mercado de más de cuatro millones de euros. Los terrenos están situados en nuevos barrios periféricos de la ciudad y servirán para la construcción de iglesias.

Los solares suman en total 11.300 metros cuadrados. A cambio de la donación, aprobada ayer por el Ayuntamiento, el Obispado cederá a la corporación local un solar, de 1.300 metros cuadrados, que ocupa la actual de iglesia de Son Oliva.

Asimismo, el Ayuntamiento recupera el control de otro solar de 1.300 metros cuadrados, en las cercanías del Conservatorio de Música, que está valorado en 680.000 euros. La razón de este último traspaso es que han pasado cinco años desde la cesión inicial sin que el Obispado haya construido el templo para el que fue entregado.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento, Rodrigo de Santos, del Partido Popular, ha justificado la generosa decisión por la coincidencia ideológica del equipo de gobierno local con la Iglesia Católica: “Representamos una ideología y compartimos muchos de los valores ideológicos cristianos”, ha contado De Santos.

El Partido Popular sostiene incluso que la Constitución avala este tipo de actuaciones. “La Iglesia ha de tener una atención especial que la propia Constitución española le otorga”, sostiene el teniente de alcalde, según informa hoy la prensa local.

El hecho de que la Iglesia reciba mucho más de lo que entrega no es relevante para De Santos. Ha explicado que el Ayuntamiento también cede solares gratuitos para la construcción de colegios y realiza aportaciones a ONGs para proyectos sociales.

Los terrenos municipales entregados, en nuevos barrios recientemente urbanizados, ocupan una extensión de 11.300 metros cuadrados y están valorados en 4.100.000 euros.

Desde la firma de los concordatos con la Santa Sede, el Estado español financia a la Iglesia a través de la declaración de la renta de los ciudadanos. Como la cantidad que asignan los españoles no alcanza a cubrir las necesidades eclesiásticas, el Estado compensa la diferencia mediante una aportación directa. La Unión Europea ha advertido en varias ocasiones al Gobierno español que esa forma de financiación directa no es legal.