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13 de abril de 2005

El fiscal general del Estado dejó hoy muy claro al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) que si los líderes de Batasuna suben a los estrados de sus mítines o asumen el protagonismo de su campaña electoral pedirá de inmediato su ilegalización al Tribunal Supremo.

Cándido Conde-Pumpido lanzó esta advertencia el mismo día en que la Fiscalía acordó rechazar la denuncia presentada por el PP contra el PCTV, en la que solicitaba al Ministerio Público que reclamase a los tribunales la exclusión electoral de la candidatura, por ser una continuación de la ilegalizada coalición 'abertzale'.

No obstante, Conde-Pumpido comentó que sobre el PCTV está pendiente de forma permanente "una espada de Damocles", porque "si en algún momento vemos que los líderes (del partido) son sustituidos en la campaña electoral o en los mítines o en la actividad política por miembros de Batasuna, actuaremos".

El fiscal general remitió hoy una carta al presidente del PP, Mariano Rajoy, en la que le comunica su decisión, le agradece su colaboración y le entrega una copia del informe elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Este organismo, tras estudiar once informes policiales, concluye que no hay pruebas suficientes de que el partido sospechoso pueda haber sido absorbido por la formación ilegalizada, por lo que no es posible acudir a los tribunales para su exclusión electoral con unas mínimas garantías de éxito.

La decisión, que reitera la postura acordada el lunes por la Abogacía del Estado, excluye la posibilidad de que el Tribunal Supremo y el Constitucional analicen de inmediato la legalidad del PCTV y deja la vía libre a la formación comunista e independentista para concurrir a los comicios en los que el domingo próximo se designará a los miembros del Parlamento vasco.

El fiscal general aclaró que la denuncia presentada por el PP es "de mucho interés", porque contiene elementos "relevantes" y hace valoraciones a tener en cuenta sobre las conexiones entre el PCTV y Batasuna. Sin embargo, tras su estudio, llega a la conclusión de que "el informe (del PP) se apoya en las pruebas ya conocidas y estudiadas por la Fiscalía", que son "insuficientes" para cumplir con las exigencias requeridas por el Tribunal Constitucional para aplicar la ley de Partidos.

Conde-Pumpido aclaró que su negativa a promover en este momento la proscripción de la formación comunista no es una decisión definitiva, "porque cuando tengamos la posibilidad de actuar con garantías de lograr la ilegalización lo haremos sin que nos lo tenga que pedir nadie".