AGENCIAS
24 de Abril de 2006

El vocal del PP en la comisión gestora de Marbella, Salvador Guerrero, hizo pública hoy su dimisión tras conocerse que su despacho de abogados defiende a algunos de los imputados en el caso "Malaya", aunque aseguró que él no ha incurrido "en ninguna causa de incompatibilidad".

Guerrero, que iba a ser responsable en la gestora de Hacienda, Economía e Inspección Tributaria, anunció su dimisión en conferencia de prensa tres días después de tomar posesión el pasado viernes en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento marbellí, y lo hizo a petición del Partido Popular, que fue quien lo propuso.

Su puesto como vocal lo ocupará Javier García, director del colegio Monseñor Rodríguez Bocanegra de la localidad malagueña, para lo que los populares remitirán sendos escritos a la Diputación y al nuevo órgano del Gobierno local, en los que solicita que García pase a ser el nuevo vocal.

Primera sesión de la gestora

El pleno de la comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado por unanimidad su reglamento de organización y funcionamiento, tras ser sometido a votación por el presidente en una sesión extraordinaria y urgente en la que fue asumido por asentimiento.

Al pleno acudió el vocal propuesto por el PP Salvador Guerrero.

La sesión, la primera convocada por la gestora que regirá el Ayuntamiento marbellí hasta las elecciones de 2007, fue muy breve y en ella volvió a actuar como secretario el funcionario Leopoldo Barrantes, uno de los imputados en el "caso Malaya", que se encuentra en libertad con cargos.

El reglamento acordado no prevé el voto de calidad del presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, y establece que los asuntos en los que se produzcan empates en dos votaciones sucesivas quedarán sobre la mesa.

Como presidente, Martín Reyes, que fue propuesto por el PSOE, tiene entre sus atribuciones las acciones tendentes al restablecimiento de la legalidad urbanística y la jefatura de la Policía Local. El reparto de áreas establecido por los partidos atribuye al PP la designación del vocal encargado de la Delegación de Seguridad Ciudadana y Servicios de Emergencia, que incluye expresamente -en un anexo al reglamento- a la Policía Local, Seguridad Vial, Tráfico, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

De esta forma, los dos grandes partidos deberán compartir la gestión respecto a los agentes del cuerpo de seguridad local.

El pleno, que se reunirá al menos una vez al mes, incluye entre sus cometidos la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo, de gestión urbanística y de proyectos de urbanización, la concesión de cualquier tipo de autorización o licencia y las contrataciones y concesiones.

También tendrá la capacidad de nombrar personal eventual, el despido de personal laboral y la contratación temporal, y asumir las funciones encomendadas al pleno del Ayuntamiento sobre organismos públicos y sociedades mercantiles constituidas por la Corporación. Algunas de sus competencias serán indelegables a otros órganos de la gestora, pero no así aspectos como la elaboración del presupuesto o la gestión urbanística y los proyectos de urbanización.

La comisión permanente, con seis componentes (el presidente, los cuatro vicepresidentes y un vocal designado por el pleno), decidirá por mayoría absoluta sobre las atribuciones que le deleguen el presidente y el pleno y será además un órgano consultivo para dictaminar todos los asuntos que hayan de ser conocidos por el pleno y colaborar en la formación de su orden del día.

El profesor de Derecho Pedro Moreno Brenes, que está en el comité de asesoramiento técnico de la comisión gestora, cree que el reglamento acordado para la organización y funcionamiento de ese órgano puede conducir a su inactividad, ya que prevé dejar sobre la mesa un asunto de debate en caso de que persista un empate en una segunda votación entre sus dieciséis miembros.