CRISTINA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
6 de marzo de 2008

Pedro Zerolo (Caracas,1960), responsable de políticas migratorias de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ha repasado con Informativostelecinco.com la situación de la inmigración en España. Zerolo no olvida el pasado y recuerda que España ha sido un país emigrante, que aún tiene mucho que mejorar en integración. El Concejal del Ayuntamiento madrileño apuesta por transferir las competencias del permiso de trabajo a las Comunidades Autónomas.

La inmigración está entre las primeras preocupaciones de los españoles. ¿ha aumentado el rechazo de los españoles hacia los que viene de fuera? ¿Se está radicalizando la sociedad española?

Para lo socialistas, la inmigración es un reto, no un problema, como plantea el PP. No creo que haya aumentado el rechazo de lo españoles hacia los que vienen de fuera, pero sin duda me preocupa que la actitud irresponsable del PP pueda provocar un alarmante aumento de actitudes xenófobas. España es un país de emigrantes, y por tanto la sociedad española observa esta realidad como algo próximo, nada alejado de la historia reciente de nuestro país.

¿Se ha puesto algún político en el lugar de inmigrante?

Yo soy hijo de la inmigración, económica y política de este país, y por tanto he vivido lo que es ser inmigrante. Sin duda esta experiencia me hace tener una idea clara de este proceso. Los trabajadores inmigrantes y la población en general perciben cuál es la sensibilidad y la actitud de cada partido y cada político hacia los inmigrantes. Mientras unos parecen molestos porque las ecuatorianas se hagan mamografías o se quejan de que “ya no hay camareros como los de antes”, otros defendemos a los trabajadores inmigrantes de las acusaciones generalizadas de criminalidad, “malos hábitos” o inferioridad cultural.

El PP identifica la inmigración como un problema y plante un contrato para los inmigrantes, si sale electo el PP ¿tendrá un efecto real en la sociedad ese contrato? ¿Se avanzará en integración?

Tendrá el efecto de situar a los trabajadores inmigrantes bajo sospecha, haciéndolos presuntos delincuentes, y discriminándolos por ley. La derecha deja de apostar por la inversión pública, deteriora los servicios públicos para después responsabilizar de su deterioro y su colapso a los trabajadores inmigrantes. La integración no se producirá forzosamente ni por decreto, limitando los derechos de los trabajadores inmigrantes. El PP ya lo intentó en la Ley de Extranjería y el Tribunal Constitucional le ha enmendado la plana, declarando inconstitucionales varios de sus artículos.

Zapatero ha defendido en la campaña "más políticas sociales". ¿Palabras vacía o un modelo real de integración?

Como he señalado anteriormente, la mejor política de integración es la apuesta por el reforzamiento de los servicios públicos. No es aceptable que contemos con trabajadores inmigrantes que aportan con su trabajo y sus impuestos a las arcas públicas y que la política no responda adecuadamente a las necesidades que este aumento de población produce en determinados pueblos o barrios. Esto es lo que hemos comprometido en nuestro programa electoral Sin políticas sociales no hay integración real. La aportación de los trabajadores extranjeros a la Seguridad Social el último año fue de 9.000 millones de euros, el equivalente al pago de las pensiones de casi un millón de españoles. Esta es la pieza fundamental de nuestra política migratoria junto al control de fronteras, la canalización de los flujos migratorios y el reconocimiento de derechos.

¿Cuál debe ser la gestión por parte de las comunidades de la inmigración o cuáles son las responsabilidades de éstas?

Las competencias sobre acceso y residencia de extranjeros, canalización de flujos migratorios, etc. son competencia exclusiva del Gobierno, pero es fundamental asegurar la coordinación entre estas competencias exclusivas del nivel central en política de inmigración y extranjería y la competencia ejecutiva de algunas CCAA en materia de autorización inicial de extranjeros. En el programa electoral el Partido Socialista se ha incluido la puesta en marcha de una Agencia Estatal de Migraciones. Esta Agencia está concebida como un instrumento de gestión que posibilite hacer más simples, más rápidos y más seguros los procesos administrativos. La Agencia se encargará de recibir y resolver todas las autorizaciones de residencia y de trabajo de extranjeros.

¿Tienen todas las comunidades la misma financiación de acuerdo al número de inmigrantes que reciben?

Desde que los Presupuestos Generales del Estado incluyeran por primera vez en 2005 el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo, la dotación económica ha pasado de 120 millones de euros hasta 200 millones de euros para 2008. La distribución del fondo se realiza según criterios transparentes y objetivos como son el empadronamiento, la afiliación a la Seguridad Social y la escolarización del alumnado extranjero en la enseñanza no universitaria.

Canarias o País Vasco son modelos opuestos de recepción de inmigrantes, ¿debería haber más igualdad territorial?

La realidad migratoria de ambas comunidades es radicalmente distinta, siendo la situación de Canarias muy específica, dada su condición de frontera sur de la Unión Europea y su cercanía a África, un continente donde la extrema pobreza y la guerra provocan el “efecto huida”. Siendo así, es lógico que en Canarias se haga un mayor esfuerzo en salvamento y acogida, por ejemplo. Sería deseable promover las experiencias autonómicas exitosas que pudieran servir a otras comunidades autónomas para una mejor gestión dentro del ámbito de sus competencias, y también es necesaria la labor de coordinación del Gobierno. Pero existe un margen de autonomía política que le da un carácter específico a las políticas de cada gobierno autonómico. Una vez autorizados a residir en España, es el mercado laboral el que redistribuye a la población inmigrante según sus necesidades y capacidad de absorción.