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CRISTINA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
26 de febrero de 2008
Una de las bazas electorales de los partidos son sus promesas económicas para la próxima legislatura. El PSOE afirma que repartirá el superávit si sale ganador en las urnas, mientras que el PP asegura que habrá rebajas fiscales. Algunos analistas políticos coinciden en que son "dos estrategias para pedir el voto que se alejan mucho de las preocupaciones reales de los ciudadanos". Celia Villalobos (Málaga, 1949), cabeza de lista del PP por Málaga, expone la visión de su partido sobre economía y vivienda.
Superávit en las cuentas públicas, el PSOE promete repartirlo y el PP piensa reducir los impuestos. ¿Les queda muy lejos una más que posible crisis financiera?
Repartir el superávit sin más es la postura de la cigarra: gasto mientras haya. Para que exista un superávit de modo permanente es necesaria una actividad productiva boyante. Para poner solo un ejemplo, en el mes de enero la recaudación por IVA ha bajado un 16% en Málaga. Por eso, el PP pone el acento aun aumentar el empleo y la producción, utilizando las herramientas fiscales adecuadas.
El PP ficha a Pizarro, un hombre de empresa, y el PSOE se siente avalado por Solbes, un hombre que ha gestionado las finanzas públicas. ¿Existe una vía alternativa a la que proponen los dos partidos mayoritarios?
Descontando la diferencia de criterios antes señalada, los nombres propios son menos importantes. No obstante, hay que recordar que el señor Solbes es el mismo ministro de Economía que dejó el país en precario, sin recursos en la Seguridad Social y con más de dos millones de desempleados, dato este último que vuelve a repetirse.
La inflación, el aumento del paro y de las hipotecas, ¿serán condicionantes claves a la hora de votar?
Siempre es difícil vaticinar, pero parece que por segunda vez desde la Transición la microeconomía, la situación económica de los ciudadanos, va a influir significativamente en la formación de la decisión del voto.
Los partidos políticos apuestan por el alquiler, ¿la solución es el alquiler?
Tanto el alquiler como las viviendas en venta con diferentes grados de protección serán sólo política-ficción sin un Acuerdo Nacional entre las tres administraciones (nacional, autonómica y local), porque las ayudas individuales son necesarias, pero complementarias de un sistema ordenado de creación de suelo barato.
¿Se pondrá fin en la próxima legislatura a la corrupción urbanística?
Los ciudadanos no confían en que logre, pero es una responsabilidad y una obligación que las instituciones y los grupos políticos tenemos el deber de conseguir en el menor plazo posible.
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