Estos son los casos más destacados en la provincia de Badajoz.

BADAJOZ: Hace ya un año que el Grupo Municipal Socialista denunció las presuntas irregularidades urbanísticas y solicitó la dimisión del alcalde popular y la concejala de urbanismo. El Plan Especial aprobado contemplaba la construcción de un apartahotel en los terrenos de un campo de golf, pero lo que se construyeron fueron 70 viviendas, lo que se estima que supuso para la constructora Jardines del Guadiana unos beneficios de 18 millones de euros.

También en Badajoz, la Fiscalía Anticorrupción investiga el permiso a la empresa Jardines del Guadiana para construir viviendas en una zona de propiedad municipal y en una superficie de 6.600 metros cuadrados. Durante más de un año, la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera (PP), negó que los terrenos del Canal de Badajoz fueran de propiedad municipal, aunque tras la documentación presentada lo reconoció y se solicitó a la empresa 1,8 millones de euros en concepto de aprovechamiento de dichos terrenos, cuestión que aún no se ha dirimido.