AGENCIAS / INFORMATIVOSTELECINCO.COM
5 de febrero de 2006

Nuevo varapalo a la iniciativa cibernética popular. Si la pasada semana Informativos Telecinco advertía de la facilidad de burlar el sistema de firmas, ahora la Agencia de Protección de Datos afirma que las recogidas por el PP en su página web para lograr un referéndum sobre el Estatut, no podrán ser empleadas ya que no cumplen los requisitos legales. En concreto, según la ADP, el PP no está autorizado para ceder los datos de las 800.000 personas que, supuestamente, se han adherido a su propuesta.

Según explicaron fuentes de la APD, esta iniciativa no se rige por la ley orgánica que regula las iniciativas populares, por tratarse de una materia regulada por Ley Orgánica, con lo que queda como un apoyo no vinculante del proyecto que promueve el PP, en forma de mandato de carácter político al Gobierno. En este sentido, los requisitos que se deben incorporar a la solicitud son varios.

El primero de ellos es informar de quién es el responsable del fichero donde se guardan las firmas, sea cualquiera el procedimiento para su recogida, el segundo la finalidad para la que se recogen, expresamente mencionada en la petición, y en tercer lugar la dirección del responsable a la que dirigirse en caso de corrección, rectificación o retirada de los datos voluntariamente cedidos.

Si bien las fuentes de la APD no quisieron valorar el caso concreto de la web del PP, sí explicaron que la advertencia que se recoge en la petición de firmas no autoriza a ceder los datos a terceros para comprobar su autenticidad, pues en este caso debería estar advertida esta posibilidad por ley. En el texto de la web 'popular' se prevenía textualmente de que el firmante de este escrito "autoriza, de acuerdo con la Ley, la remisión de su firma al Congreso de los Diputados, como apoyo a la Proposición No de Ley solicitando la convocatoria de Referéndum".

Así, el consentimiento voluntario y libre autoriza expresamente a ceder las firmas como apoyo tal y como fueron recogidas, sin verificar, cruzadas con otra base de datos oficial, ya que la única fórmula sería hacerlo bajo notario una a una. "No informar de este procedimiento y cruzar los datos sin permiso, sería un incumplimiento grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos", señalaron fuentes de la agencia.