INFORMATIVOSTELECINCO.COM / AGENCIAS
27 de octubre de 2006

Según el criterio de la Fiscalía, que se remite a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede sostener una nueva acusación de pertenencia a ETA contra alguien ya condenado por integración en esta organización terrorista, y tampoco es posible siempre calificar de terrorista ante un tribunal cualquier hecho delictivo que cometa esa persona.

Las fuentes consultadas explicaron que si un recluso etarra ataca a otro preso en la cárcel no se le acusaría automáticamente de atentado terrorista sólo por su condición de miembro de la banda, y recordaron que hoy mismo la Audiencia Nacional absolvió al militante de ETA Harriet Iragi del delito de amenazas del que se le acusaba por haberse enfrentado a unos funcionarios de prisiones.

La Fiscalía asegura que en ningún caso mantendrá los 96 años de prisión que solicitó inicialmente contra De Juana, y no duda en calificar de "error" esa petición. "En la Audiencia Nacional se ha tendido tradicionalmente a hacer peticiones de máximos que luego no había más remedio que rebajar en el juicio, pero eso se ha acabado", dijeron esas fuentes, que afirmaron que la decisión sobre la petición de pena se hará conforme a criterios jurídicos de proporcionalidad y racionalidad, y que "no será una calificación política".

El fiscal jefe, Javier Zaragoza, admitió que estará "en permanente contacto" con el fiscal Fernando Burgos, pero descartó que vaya a asistir a la vista.

Absolución o 96 años de cárcel

El tribunal que juzgará a De Juana podrá optar entre la absolución y una condena de 96 años de cárcel, ya que la acusación que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitó esa misma pena y sus abogados ya han anunciado que no están dispuestos a descontar "ni un segundo".

La sala estará presidida por el magistrado Ricardo Rodríguez e integrada también por Fermín Echarri, que será el ponente de la sentencia, y por Flor Sánchez.

Las acusaciones contra De Juana, que en agosto del año pasado extinguió los más de 3.000 años de condena que se le impusieron por su participación en 25 asesinatos, resultan de dos artículos publicados en el diario Gara, titulados "El Escudo" y "Gallizo" y en los que arremetía contra varios responsables de prisiones y contra el presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

La apertura de esta nueva causa contra él impidió su excarcelación -actualmente está en prisión preventiva-, lo que el pasado 7 de agosto le llevó a iniciar una huelga de hambre que mantuvo durante 63 días. LA/GVC