INFORMATIVOSTELECINCO.COM / AGENCIAS
19 de enero de 2007

El Gobierno español ha dejado claro a la Comisión Europea que no va a retirar los requisitos a la opa de E.ON sobre Endesa. Bruselas le ha respondido y le ha recordado su obligación de hacer cumplir la legislación comunitaria y ha amenazado a España con abrir un nuevo proceso de infracción por esta cuestión.

Madrid tenía hasta el 19 de enero de plazo para retirar las condiciones consideradas "ilegales" por la Comisión pero, en vez de hacerlo, se ha limitado a enviar a Bruselas una misiva en la que muestra su desacuerdo con ese dictamen.

El Ejecutivo de la UE cree que España ha violado el artículo 21 del Reglamento europeo de concentraciones al imponer a E.ON una serie de restricciones para permitirle hacerse con Endesa. Según este artículo, las fusiones de dimensión comunitaria son competencia exclusiva de Bruselas.

Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario y argumentan que en un sector clave como la energía "hay que buscar un punto intermedio" entre los principios de libertad de movimientos de capitales y de establecimiento, con la obligación de los Estados de garantizar la seguridad del suministro.

A la vista de las divergencias, Madrid ve ya casi inevitable que el asunto acabe llegando hasta el Tribunal de Justicia de la UE.

El deber de cumplir la normativa europea

Tras conocer la postura española, desde el Ejecutivo comunitario, el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, ha insistido en que su deber es hacer cumplir la normativa europea y ha recordado que Bruselas tiene la "opción" de abrir un procedimiento de infracción a España por no cumplir sus requerimientos.

Fuentes de la Comisión han acusado al Gobierno español de "desacato" a la legislación comunitaria y han recalcado que, cuando un Estado miembro actúa de este modo, no puede esperar que otros países respeten las normas en casos que también le afectan.

El portavoz de Competencia ha subrayado que el Ejecutivo comunitario no había pedido a Madrid que respondiera por carta a su petición de suprimir las condiciones, sino que las "medidas consideradas ilegales fueran retiradas el 19 de enero como muy tarde".EPF