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27 de Septiembre de 2005

El Gobierno ha anunciado aumentará el número de efectivos de la Guardia Civil para vigilar el perímetro fronterizo que separa Melilla de Marruecos ante el último asalto masivo de inmigrantes. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha asegurado que el Gobierno adopta "medidas urgentes ante lo que considera una situación de emergencia".

Rumí ha avanzado que se enviarán nuevas unidades rotatorias de la Guardia Civil para reforzar la vigilancia de la valla, una medida reclamada con insistencia desde la Benemérita, que en otras ocasiones ya había denunciado la falta de personal para frenar las avalanchas.

Además de aumentar el número de efectivos de la Guardia Civil, se va a intensificar la lucha contra las mafias, se van a agilizar las expulsiones y las negociaciones de acuerdos de repatriación, va a continuar con el plan de traslados a la Península, y se va a potenciar el diálogo con Marruecos, con el fin de que evite los asentamientos de subsaharianos cercanos a los frontera.


Centro de acogida, saturado

Mientras el centenar de inmigrantes que lograron entrar en Melilla tras el asalto de la valla, han sido trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que se encuentra al borde de sus posibilidades de acogida.

El CETI cuenta con una capacidad de 480 plazas, pero en la actualidad ronda los ochocientos acogidos, que incluyen hombres, mujeres y algunos niños. Se han instalado además unas carpas en el interior para tener una mayor capacidad.

La delegación del Gobierno señala que los inmigrantes acogidos, incluyendo a los que entraron hoy en Melilla, "están siendo atendidos" pese a las condiciones de saturación del centro.

En cuanto a la posibilidad de traslado de algunos de los emigrantes del CETI a la Península no hay previsiones por el momento.

Los inmigrantes llegados este martes, todos ellos indocumentados, fueron primero trasladados a la Comisaría de Policía, donde se les tomaron las huellas dactilares y se les hizo una foto y una ficha con sus datos personales, de acuerdo a la normativa vigente en relación con los inmigrantes indocumentados.


Rumí insiste en que Marruecos colabora

La secretaria de Estado, Consuelo Rumí, ha insistido en la colaboración de las autoridades marroquíes y ha destacado su trabajo esta madrugada para impedir el asalto de la verja.

"Hay que tener en cuenta que eran tres grupos que intentaban saltar por puntos diferentes de la valla", ha precisado tras subrayar que Marruecos ha detenido a más de 4.000 subsaharianos en lo que va de año.

Rumí ha hecho hincapié en los esfuerzos realizados y ha recordado que, cuando el PSOE llegó al Gobierno, erradicó el chabolismo en el que vivían alrededor de 3.000 irregulares en situación de desprotección.

En este contexto ha rebatido las críticas del PP y del presidente melillense, Juan José Imbroda, y ha denunciado su "desprecio" al Gobierno y al Parlamento.


Avalancha de subsaharianos

La secretaria de Estado ha declarado que estas avalanchas "no son una novedad", aunque sí el que se trate de subsaharianos.

Utilizan esa vía de entrada por la "impermeabilización" de las fronteras de Canarias y del Estrecho, por las obras de recrecimiento de la valla en muchos puntos y "porque es septiembre y no quedan muchos días de buen tiempo".


Reclamaciones de la Guardia Civil

La Asociación Unificada de Guardias Civiles afirma en un comunicado que "no puede ignorarse" la situación en la que se encuentran los agentes en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla ya que en su opinión "corren serio peligro" cuando se producen avalanchas.

La AUGC señala que el Gobierno es responsable de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respeten "escrupulosamente" los derechos y libertades de los ciudadanos, pero también los de los agentes de la Policía y la Guardia Civil, quienes, en su opinión, "desarrollan su trabajo en dificilísimas condiciones" en Ceuta y Melilla.


Denuncia de Amnistía Internacional

Por su parte, Amnistía Internacional considera que “la represión policial y de control es “ineficaz” para controlar este tipo de asaltos y asegura que las medidas policiales pueden dañar los derechos fundamentales de los inmigrantes que intentar llegar a España.

En su opinión, hay que buscar la solución a la inmigración en los países de origen de estas personas. AI insiste en que si los inmigrantes son devueltos a su país de origen las autoridades españolas deben asegurarse de que no corren riesgo de sufrir torturas o maltratos.