AGENCIAS
16 de noviembre de 2005

Una treintena de activistas de Greenpeace han trepado a lo alto de un hotel en construcción en el Parque Natural de Cabo de Gata y han descolgado pancartas para pedir su demolición. Los ecologistas dicen que el edificio es ilegal, que se está construyendo gracias al silencio cómplice de las administraciones, y que es el primero de un complejo de ocho hoteles, 1.500 apartamentos y un campo de golf.

En la playa del Algarrobico, los escaladores han descolgado en la pared frontal del edificio en construcción una pancarta de 168 m2 en la que se lee “DEMOLICIÓN”. Una segunda pancarta de 144 m2 con el lema “HOTEL ILEGAL” cuelga de una de sus torres. Otros escaladores han desplegado de una de las grúas el lema de Greenpeace. Dos zodiac con banderas de “HOTEL ILEGAL DEMOLICIÓN” están frente al hotel.

"Este hotel es el símbolo de la destrucción de las costas. Ninguna de las administraciones implicadas ha contestado al requerimiento que tanto Greenpeace como otros grupos han hecho sobre la ilegalidad del proyecto. No vamos a tolerar el silencio cómplice de las administraciones y no nos detendremos hasta que la legalidad y el respeto al medio ambiente triunfen", indicó María José Caballero, responsable de la Campaña de Océanos de Greenpeace.

"Sin embargo", afirma la organización, "la Consejería de Medio Ambiente sigue sin reconocer que el suelo donde se construye el hotel no es urbanizable, a pesar de que así queda reflejado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Nacional Cabo de Gata-Níjar de 1994. Tampoco reconoce la Junta que el plan parcial urbanístico que permitió la urbanización de la playa del Algarrobico no es legal, ya que la existencia del PORN obliga a su revisión".


“La protección ambiental es papel mojado ante los especuladores”

Greenpeace también ha denunciado la supuesta implicación del Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Costas, ya que el hotel se construye dentro del tramo de costa definido por la Ley de Costas como "servidumbre de protección", una franja donde está prohibido ubicar edificaciones.

"Este es un ejemplo claro de la impunidad con la que se opera en el litoral, donde las normativas de protección ambiental se convierten con excesiva facilidad en papel mojado ante los grandes intereses especuladores. Hay que detener esta tendencia antes de que no quede un solo metro por construir en el litoral español", añadió Caballero.