AGENCIAS
1 de septiembre de 2005

La propuesta del Gobierno para subsanar el déficit de la financiación sanitaria incluye un incremento del 10% en los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, la posibilidad de subir hasta dos puntos el que grava la electricidad y una aportación transitoria del Estado de 1.000 millones de euros en dos años.

Además, propone que las comunidades autónomas tengan plena capacidad normativa en el impuesto de ventas minoristas de hidrocarburos y en otros, como el de determinados medios de transporte, que suman unos ingresos estimados de 696,9 millones.

Estas medidas forman parte, junto a otras encaminadas a la contención del gasto sanitario, de la propuesta que el Gobierno ha hecho llegar a las comunidades autónomas para su debate en la próxima Conferencia de Presidentes y que fue presentada por los ministros de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y Sanidad, Elena Salgado.

En la conferencia de prensa el ministro de Economía, Pedro Solbes, consideró que se abre un "falso debate" cuando se habla de si el Estado aporta mucho o poco, "quienes aportan son los ciudadanos y el tema es cómo se financia por decisiones del Estado o de las comunidades autónomas".

”Nadie perderá nada”

Solbes explicó que el documento es un punto de partida para el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "en el que nadie está dispuesto a perder nada, y todos estamos de acuerdo en que nadie pierda nada".

En cuanto al incremento del impuesto sobre carburantes, el ministro reconoció que "no es un momento óptimo" pero también dijo que en España "la situación de fiscalidad está por debajo de la media comunitaria" y que, en definitiva, "hablamos de céntimos y de un impacto muy reducido en temas inflacionistas".

Solbes insistió en que la cifra de 500 millones al año ofertada por el Estado "es la misma desde el primer día", reconoció que puede haber márgenes de negociación que incrementen esa cifra pero "esos márgenes no se cuentan en público" y subrayó que los criterios de reparto de recursos serán los mismos que en el modelo actual, que data de 2001.

Por su parte y también en la conferencia de prensa, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, consideró que la propuesta gubernamental "justa y equilibrada" y pidió a las comunidades autónomas que "no antepongan intereses partidistas".

Los cambios

"Después de la propuesta, habrá más dinero del que había y, sin duda, se mejorará el modelo existente del PP" y, de forma global, se hablaría de hasta 2.500 millones de euros más. Sevilla retó a que "quien tenga una alternativa diferente que lo diga y que la ponga encima de la mesa".

El ministro consideró que también hay un "concepto virtual del déficit sanitario" ya que todas las comunidades presentan déficits pero no lo indican así sus presupuestos, que en muchos casos dan un déficit cero.

Sevilla subrayó que no se cambia el modelo actual (que fue aprobado por unanimidad del anterior Gobierno del PP y las comunidades autónomas) por los que "todos los que estaban contentos tienen que estar tranquilos".

No obstante, Sevilla reconoció que en el modelo actual han aparecido "insuficiencias, que el Gobierno tiene el compromiso de mejorar" y "hay que hacer algo, de manera conjunta" entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.

La autonomía de las comunidades

Por su parte, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, valoró que hoy las comunidades "prestan un servicio sanitario con un grado de eficiencia notable, pero también mejorable. Por eso propuso iniciar un proceso de coordinación con las comunidades en acciones tales como la política farmacéutica que permita coordinar "el esfuerzo de acceso a los medicamentos".

La titular de Sanidad añadió que el Estado seguirá garantizando una cartera de servicios básicos pero también dijo que "si una comunidad quiere financiar un servicio específico tendrá que tener recursos para hacerlo".