AGENCIAS
20 de octubre de 2005

El Gobierno no solo deportó a Marruecos a los 73 inmigrantes de Melilla sin permiso judicial, saltándose los trámites administrativos y sin comunicárselo a sus abogados. Lo hizo, además, según ha podido saber la agencia de noticias Colpisa, invocando un reglamento de extranjería derogado hace más de nueve meses.

Pero hay más irregularidades. Los documentos oficialesdes velan que el Ejecutivo utilizó en sus resoluciones de devolución un artículo que el Tribunal Supremo declaró ilegal hace ya dos años y medio.

La sentencia del alto tribunal prohibía las devoluciones automáticas de extranjeros que ya se encuentran en el territorio nacional, el mismo procedimiento utilizado por el Ministerio del Interior para repatriar a los 'sin papeles'.

El pasado 6 de octubre el subdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma, José Fernández Chacón, sin tener la autorización previa de la juez que había ordenando un día antes el ingreso de los inmigrantes en Fuerteventura, firmó de su puño y letra las 73 devoluciones de los subsaharianos que ese mismo día terminarían recluidos en un centro militar de Tánger.

Esos documentos, con todos los sellos oficiales y del registro de entrada y salida, fueron remitidos de inmediato la Comisaría Provincial de Melilla, horas después de que los Gobiernos de Madrid y Rabat llegaran a un acuerdo para repatriar a algunos inmigrantes llegados a España tras las avalanchas masivas en las vallas de Melilla y Ceuta.


Los 'sin papeles' ya se encontraban en la península

En la resolución de deportación de los 'sin papeles' que ya se encontraban en España (incluso habían sido trasladados a la península), el subdelegado invoca el anterior reglamento de la ley de extranjería (real decreto 864/2001), que fue derogado el pasado 7 de enero con la entrada en vigor del nuevo reglamento (real decreto 2.393/2004).

Pero el error del Ejecutivo es más grave porque la Subdelegación de Melilla ordena la "devolución del territorio nacional de los extranjeros a Marruecos" alegando el artículo 138.1.b del reglamento derogado, precisamente uno de los once polémicos preceptos de aquel texto que fueron anulados y declarados ilegales por el Tribunal Supremo el 20 de marzo de 2003, en una sentencia que a la postre rompió los pilares de la política de inmigración del entonces Gobierno del PP. Aquel fallo, además, fue aplaudido por varios responsables de la oposición socialista, entre ellos la ahora secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, quien acusó al Ejecutivo 'popular' de sumir la inmigración en la "inseguridad jurídica permanente".

El alto tribunal, que daba la razón a las dos organizaciones que recurrieron el polémico reglamento, Andalucía Acoge y la Red Acoge, declaró entonces contraria a la ley cualquier 'devolución administrativa' (la figura utilizada el 6 de octubre para repatriar a los subsaharianos).

En aquella sentencia, los magistrados de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso del Supremo proscribieron de manera taxativa las expulsiones inmediatas.


La expulsión se limitaba a los 'in fraganti'

El fallo limitaba la expulsión automática a los clandestinos sorprendidos 'in fraganti' entrando en España, no a los que ya hubieran entrado, se encontraran en las inmediaciones de la frontera o se hallaran en "tránsito o en ruta" en territorio nacional. Los inmigrantes deportados a Marruecos no sólo no fueron sorprendidos en la frontera, sino que se había decretado su internamiento en Fuerteventura e, incluso, se encontraban ya en la península en una escala de su viaje hacia las Islas Canarias.

El Supremo fue tajante: las devoluciones automáticas como las que utilizó para deportar a los 73 subsaharianos son "contra ley" ya que "se aplica un régimen excepcional que no goza de las garantías de la expulsión". En ningún caso -estableció el alto tribunal- se puede hacer una "interpretación extensiva" de lo que es una detención en frontera a otros casos como arrestos en el interior del territorio nacional.


Demandas de varias organizaciones de derechos humanos

La utilización de este precepto anulado será uno de los ejes de las demandas que varias organizaciones de derechos humanos, el Consejo General de la Abogacía y diferentes letrados de los inmigrantes preparan para impugnar la polémica deportación masiva. Esos recursos denunciarán, además, que las devoluciones se hicieron sin la preceptiva orden judicial, sin respetar los trámites de la ley de extranjería y sin informar de la repatriación a los abogados de los subsaharianos.