AGENCIAS
19 de octubre de 2005

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado una orden internacional de busca y captura contra los tres militares estadounidenses presuntamente responsables del ataque al hotel Palestina perpetrado en Bagdad el 8 de abril de 2003, en el que murió el cámara de televisión José Couso y otro periodista de la agencia Reuters.

La decisión del magistrado se produce después de haber librado dos comisiones rogatorias a Estados Unidos con las que se pretendía averiguar el motivo de los ataques al hotel en el que se alojaba la prensa internacional. Ninguno de estos requerimientos recibió respuesta alguna.

El juez Pedraz señala en el auto que los tres militares podrían ser autores de un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato. El magistrado añade que la decisión adoptada es la "única medida efectiva para asegurar la presencia de los imputados en el proceso a disposición de la autoridad judicial española, a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses".

La orden de busca, captura y detención a efectos de extradición va dirigida contra el sargento Thomas Gibson, que fue la persona que disparó desde el tanque contra el Hotel Palestina; el capitán Philip Wolford, que autorizó la acción; y el teniente coronel Philip De Camp, que ordenó el ataque contra el hotel.


Delito contra la comunidad internacional y asesinato

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional les imputa un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato.

El magistrado ha tomado la decisión de librar las órdenes de detención internacional contra los tres militares "a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos".

En su resolución, Pedraz recuerda que el juzgado libró dos solicitudes de auxilio judicial, una el 21 de abril de 2004 y otra el 6 de junio de 2005, sin que Estados Unidos haya respondido aún.

La primera de las comisiones rogatorias se remitió para averiguar si Estados Unidos había abierto alguna investigación sobre los hechos y pedía también la documentación que obrara en los departamentos de Estado, de Defensa y de Justicia sobre lo sucedido.

La segunda comisión rogatoria se remitió para recibir declaración en calidad de imputados y con asistencia letrada a los militares. El juzgado ofreció incluso la posibilidad de que una comisión judicial se desplazara a Estados Unidos para practicar esta diligencia.

En su resolución, el magistrado señala que el silencio de Estados Unidos se produce "a pesar del vínculo de cooperación mutua entre España y aquel país establecido por el tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal de 20 de septiembre de 1990".


La Fiscalía recurrirá el auto

La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a recurrir este jueves el auto del juez Pedraz y va a pedir que la resolución quede sin efecto. El ministerio fiscal alegará falta de juriscción, falta de competencia y falta de título extradicional para revocar el auto. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya ha sido informado de esta iniciativa.

Según fuentes judiciales, el juez carece de competencia para investigar la muerte de un ciudadano español "producida en el ámbito de un conflicto bélico" y añadieron que no existe ningún delito de persecución internacional sobre el que sustentar la orden de detención.

Sobre la falta de título extradicional, señalaron que la resolución en la que se pide la entrega de los tres militares ha sido dictada sin que previamente se haya acordado la prisión o el procesamiento de los imputados, requisitos "imprescindibles" para solicitar su extradición.