AGENCIAS
30 de octubre de 2005

El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, animó hoy a los vecinos de la localidad de Jun que, presuntamente, han sido desalojados de sus casas bajo amenazas por okupas a que denuncien los hechos porque "no les va a pasar nada".

Cruz apuntó que los tres edificios del municipio que han sido ocupados tienen entre 25 y 30 años de antigüedad, pertenecen a una misma familia propietaria y cuentan con 15 viviendas cada uno. Uno de ellos está completamente vacío y en los otros dos casos varios pisos están vacíos, en otros viven inquilinos y en tres los residentes son los propietarios de sus apartamentos.

El pasado 7 de octubre, según Cruz, la Guardia Civil supo que había sido cambiada la cerradura del portal del bloque vacío, por lo que instruyó diligencias que fueron remitidas al juzgado.

Once días después, los agentes consiguieron determinar que había ocho viviendas ocupadas en este inmueble y lograron identificar a sus moradores, por lo que se ampliaron las diligencias y se enviaron al juzgado.

El lunes pasado, el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, se dirigió a la Subdelegación manifestando "que existe una sensación de que hay gente forzada a abandonar sus viviendas", según indicó Antonio Cruz, que apostilló que se puso a disposición del regidor y que lo auxilió para que pudiera cortar el suministro de electricidad y agua en el primer bloque ocupado.

El subdelegado del Gobierno manifestó que, hasta ayer, no había ninguna denuncia de los hechos ni por parte de la propiedad de los tres edificios ni de las personas "que dicen que han sido forzadas a abandonar sus domicilios".

Cruz apostilló que "los vecinos han dicho a la Guardia Civil que no han sido coaccionados ni amenazados, sino que han dejado sus pisos por el clima de inseguridad y tensión que han creado los okupas" y señaló que "ninguno" de los inquilinos ha presentado denuncia ante el Instituto Armado sobre la situación, a pesar de que los agentes se lo ofrecieron.

Ayer por la tarde, relató el subdelegado, se presentaron las tres primeras denuncias ante la Guardia Civil, que no corresponden a los arrendatarios que habrían sido desalojados bajo amenazas sino a los tres propietarios de pisos que permanecen en sus viviendas y que dicen en su denuncia "que viven con miedo e inseguridad, pero que no han sido coaccionados para irse".

Cruz indicó que las Fuerzas de Seguridad del Estado han instruido diligencias para comprobar posibles daños en las viviendas, la identidad de sus moradores y la filiación de las personas que las han ocupado, para posteriormente trasladar toda esta información al juzgado, a los propietarios de los bloques y al alcalde.

La Guardia Civil, que custodia las inmediaciones de los edificios, en los que no puede entrar hasta que reciba una orden judicial, también está identificando los vehículos y personas que están en el entorno de los bloques ocupados.

Fruto de esa identificación, una persona ha sido detenida porque tenía pendiente una requisitoria de un juzgado de Granada.

También ha habido, añadió el subdelegado, reuniones con los vecinos afectados "informándoles de los pasos que pueden seguir e insistiéndoles en que presenten denuncias".

Respecto a la denuncia que interpuso el alcalde de Jun porque había sido amenazado con una pistola por uno de los okupas, el responsable gubernamental recalcó que "la Guardia Civil ha podido determinar que allí no hay armas".