AGENCIAS
30 de noviembre de 2006

El Pleno del Congreso ha aprobado por una amplia mayoría el proyecto de ley de Dependencia -con el rechazo de CiU, EA y PNV-, un texto que finalmente vuelve a tener en cuenta el patrimonio del usuario para determinar su aportación al pago de los servicios y prestaciones.

La ley reconoce el nuevo derecho de ciudadanía a que las personas que no puedan valerse por sí mismas -sobre todo ancianos y discapacitados- sean asistidas por el Estado, y garantiza una serie de prestaciones (teleasistencia, ayuda a servicio, centros de día, plaza residenciales, ayudas económicas....). Al no tratarse de una ley orgánica, el Pleno no votó un dictamen del texto sino las enmiendas por separado a su articulado.

Finalmente, su título definitivo, tras haber experimentado varios cambios durante la tramitación parlamentaria, será "Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y a las familias".

Los grupos nacionalistas que votaron en contra pronosticaron que la iniciativa será "corregida tarde o temprano", ya sea por el Tribunal Constitucional o por los grupos políticos en el Parlamento.

De este modo culmina el proceso que se inició en diciembre de 2005 con la aprobación del anteproyecto por parte de Gobierno y que ha superado tres enmiendas a la totalidad en la Cámara Baja y tres vetos en el Senado, planteados en ambos casos por CiU, EA y PNV.

En torno al proyecto -que recibió 500 enmiendas en el Congreso y 260 en el Senado- el PP y PSOE alcanzaron tras numerosas reuniones un principio de acuerdo.

Merced a estos pactos se introdujeron novedades como: la fijación de unos criterios objetivos para la financiación de las comunidades (en función del número de personas dependientes o de la dispersión geográfica, por ejemplo) y varias reformas terminológicas para dejar clara la atención a los discapacitados intelectuales y enfermos mentales.

El 5 de octubre de 2006 el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley de dependencia, que únicamente contó con el rechazo del PNV, CiU, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai por entender que invade competencias autonómicas, entre otras cuestiones.

Gracias a una enmienda aprobada durante la tramitación de la ley en la Cámara Alta, propuesta por el PP, se eliminó el criterio del patrimonio para fijar la cuantía que abonará el usuario para financiar los servicios o las prestaciones, de modo que sólo cuente su renta personal. FR