AGENCIAS
3 de marzo de 2006

Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la ley de Igualdad, que garantiza una "presencia equilibrada", no inferior al 40 por ciento, de mujeres en los procesos electorales, en los órganos del Gobierno y en los Consejos de Administración de las empresas.

El anteproyecto de la ley de Igualdad fijará la paridad obligatoria en las listas electorales (ningún sexo podrá tener menos del 40 por ciento), garantizará ese equilibrio en los nombramientos del Consejo de Ministros y estimulará a las empresas para fomentar la presencia de mujeres en sus consejos de administración.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que aprobó este anteproyecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha mostrado convencida de que se trata de la norma más importante para alcanzar la igualdad desde que se aprobó la Constitución española.

Su objetivo, como ha destacado el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, es que acabar con la discriminación que sufre la mujer y lograr que la igualdad legal vaya acompañada de una igualdad real, con medidas de acción positiva.

En el ámbito laboral, destaca, por ejemplo, el permiso de paternidad de 8 días, la mejora de las excedencias para el cuidado de hijos -se considerarán cotizados los dos primeros años-, la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación y la nulidad de las represalias que pueda sufrir una mujer por un embarazo.


Partidos políticos y órganos directivos

Para potenciar la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas, la ley de igualdad, que será orgánica, reformará la ley orgánica electoral general y obligará a los partidos a presentar en todos los comicios listas en las que ningún sexo tenga una representación inferior al 40 por ciento, ni superior al 60 por ciento.

Se deberá garantizar también una representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros.

El Gobierno quiere que se logre esa misma paridad en cuatro años en los consejos de administración de las empresas y, para lograrlo, favorecerá en los contratos con la administración pública a las compañías que, con igualdad de ofertas, presenten mejores indicadores de igualdad.

Caldera confía en que se avance en ese sentido y en que resulten también satisfactorios los planes y las medidas de igualdad que, por ley, tendrán que negociar las empresas en sus convenios colectivos; si no es así, advirtió, a los cuatro años esa política de estímulos se convertiría en medidas "más drásticas".


Los sindicatos, contentos

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha destacado que la Ley de Igualdad, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, supondrá un "significativo avance" en las condiciones laborales y retributivas de las mujeres.

Tras conocer la aprobación del anteproyecto de ley, Méndez ha subrayado que esta Ley mejorará además la protección de la maternidad y la conciliación de la vida laboral y familiar.

"Para las organizaciones sindicales, el proyecto de Ley de Igualdad, en su dimensión sociolaboral, merece nuestro apoyo, porque aunque hay algunos elementos que podrían mejorarse, significará un avance", ha indicado.


Lo negativo de la “obligatoriedad”

Pero el anteproyecto no ha tenido la misma aceptación en todos los sectores. Para la patronal CEOE, el procedimiento elegido para sacar adelante el anteproyecto es un "rejón de muerte al diálogo social", ya que el gobierno tomó " la decisión unilateral de llegar a un acuerdo con los sindicatos".

Según la patronal, "el Gobierno ha hecho caso omiso de las propuestas empresariales en materia de igualdad. Son las empresas las primeras interesadas en que la mujer se incorpore masivamente al mercado de trabajo y a la dirección de las empresas”.

Por eso, la patronal subraya que no están en contra del contenido del anteproyecto, sino de los procedimientos. "El problema parte de que el método elegido para este objetivo, basado en la sindicalización y en la obligatoriedad, con el consiguiente régimen sancionatorio, es el peor de los posibles", ha agregado la CEOE.