ADRIANO MORÁN
25 de septiembre de 2006

La Plataforma Todoscontraelcanon.es ha solicitado al Defensor del Pueblo que recurra el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En concreto, quieren que se regule el nuevo artículo 25 que amplía el canon digital, una suerte de impuesto directo que se paga por los soportes digitales de uso común en hogares y oficinas. Un impuesto que pasa directamente del bolsillo del consumidor a las arcas de las gestoras privadas de autores y editores.

Todoscontraelcanon.es (una plataforma compuesta por empresas, sindicatos y asociaciones de internautas) emprende el siguiente paso, tras la entrega la pasada semana de 650.000 firmas ante la comisión Europea, de su lucha particular contra el canon digital.

La plataforma considera, y así lo ha explicado en una rueda de prensa, que el sistema previsto para la imposición del impuesto es “desproporcionado, irracional y abusivo”, lo que provoca, en su opinión, "un desequilibrio económico en la Sociedad de la Información".

Su intención, según Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, no es impugnar el canon en sí, que a su parecer “es lícito y compensa a los autores por las pérdidas por copia privada”, sino el pago que contempla por adquirir cualquier soporte tecnológico en este país.

Tejerina, confía en que “el Defensor de Pueblo reciba este mensaje de los consumidores como algo necesario, y que por tanto lo plantee al Tribunal Constitucional para tratar de conciliar intereses y acabar con el lucro privado de unos pocos sobre el trabajo y derechos de todos los que componemos la Sociedad de la Información: industria, administración pública, internautas, etc."


Una "tragedia" para las PYMES

En defensa del recurso también participó Ana María Méndez, en nombre de la Asociación Española de pequeñas y medianas empresas de informática (APEMIT), que calificó la Ley de "una tragedia" para el sector. "Nuestras empresas, la mayoría familiares, reciben cartas de entidades de gestión que nos anuncian una auditoría y nos exigen nuestras cuentas. Buscan en nuestras facturas todo soporte digital vendido desde 1999, y, con una demanda en sentido retroactivo, nos informan de que les adeudamos una cantidad que luego no sabemos adónde va", explicó.

En la misma línea, Miguel Ángel Blanco, presidente de la Confederación general de las pequeñas y medianas empresas del estado español (COPYME) criticó que se aplique "un nuevo impuesto a los más de tres millones de autónomos" de España, especialmente grave en el caso de los fotógrafos profesionales, "a los que se les cobra por sus propios derechos de autor en lugar de pagárselos", afirmó.

Qué es el canon y cómo funciona

El Canon es un impuesto que se aplica directamente a todos los equipos y soportes electrónicos susceptibles de almacenar información. Se justifica legalmente como “una compensación a cambio del derecho a realizar copias privadas de los contenidos que adquirimos legalmente”, según apunta el Artículo 25 (Compensación equitativa por copia) introducido en la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).


¿Cuánto se paga realmente?

El precio medio de un DVD en la actualidad es de 1,6 Euros, más del 60% de su coste. El canon también actúa sobre los famosos reproductores de Apple, los iPods. Un aparato de 30GB conlleva el siguiente canon ‘compensatorio’: En Reino Unido 0 €, en Alemania 2,56 €, en Italia 9,87 €, en Suecia 13,5 €, en Finlandia 15 € en Austria: 18 € y en España 90,6 €.

Por una impresora multifunción se paga un sobreprecio en 45€ (IVA no incluido). De esta forma, el precio final ronda los 130 euros, cuando en otros mercados europeos puede encontrarse por, aproximadamente, 80.

El problema según la mayoría de las asociaciones de internautas es que el canon se paga de igual manera cuando adquirimos un DVD para copiar música que cuando lo hacemos para grabar las fotos de nuestras vacaciones. En este caso, independientemente de que el contenido sea nuestro, las asociaciones privadas de autores y editores como la SGAE perciben gran parte de lo que pagamos por el soporte. Otro de los problemas, según la plataforma Todoscontraelcanon.es, es que no sabemos qué se hace con esos ingresos ni cómo se distribuyen entre los socios.


"La Ley olvida a los consumidores"

La plataforma reivindica que se prepare un procedimiento sencillo, eficaz y rápido para la resolución de las reclamaciones de quienes no estén obligados por la Ley a pagar el canon, tal es el caso de empresas que facturen consumibles para consumo interno.

Según Ofelia Tejerina, "el texto de la nueva LPI adolece de una abrumadora indeterminación, incongruencia y vaguedad, que olvida a los consumidores y su derecho al uso privado o profesional de la tecnología, violándolo con “idoneidad”, y con la consiguiente inseguridad jurídica que ello conlleva para el futuro. Tanto en la tramitación como en el resultado, se ha producido un desprecio absoluto a las organizaciones de consumidores y usuarios que han advertido de estos abusos”.

Tejerina afirma que “el siguiente paso es el Constitucional, si el defensor del Pueblo tiene a bien elevarlo y si no también tenemos intención de llevarlo a Europa, donde ya se está debatiendo”. Por el momento, no tienen noticias de las 650.000 firmas presentadas la pasada semana.