AGENCIAS
29 de marzo de 2006

El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha pedido la "disolución inmediata" del Ayuntamiento de Marbella y la convocatoria de elecciones, ya que, en su opinión, "hay que liberar a los vecinos del calvario que están pasando" con este Consistorio.

Así lo señaló Arenas en rueda de prensa, tras conocer las detenciones practicadas en Marbella en el marco de una operación contra una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento.

Indicó que en los próximos días el PP planteará en el Parlamento andaluz una pregunta al presidente de la Junta, Manuel Chaves, para que informe sobre si cree necesaria la disolución del Ayuntamiento de Marbella, que, en su opinión, sólo se cita para "hablar de escándalos y corrupción".

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, el asesor de Urbanismo y antiguo gerente de este departamento municipal, Juan Antonio Roca, y otras quince personas han sido detenidas por la Policía en la citada operación contra la corrupción.

El líder de los populares andaluces denunció que en Marbella haya habido "toda la tolerancia del mundo con los dislates" que se han producido. Asegura que en lo ocurrido en la ciudad malagueña en materia urbanística hay una "responsabilidad clarísima" de la Junta, administración que "en muchos casos ha mirado para otro lado".

En su opinión, lo que está ocurriendo con el Consistorio marbellí sólo se solventa "dando la palabra al pueblo", sobre todo cuando "legalmente" es posible la disolución y la convocatoria de unas elecciones en esta localidad malagueña.

Chaves muestra su apoyo a la Justicia

Respecto a esta posibilidad, el presidente andaluz, Manuel Chaves, ha defendido que "nadie debe intentar sacar tajada política ni arrimar el ascua a su sardina" porque lo importante en estos momentos es "esperar a las resoluciones y decisiones de la Justicia".

Chaves ha trasladado "su máximo respaldo" a la actuación de la Justicia y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ha asegurado que la actuación policial demuestra que "las instituciones del Estado de Derecho en España funcionan para garantizar el cumplimiento de la ley".

Señaló que el Estado de Derecho en Marbella "se ha visto conculcado presuntamente por las actuaciones de concejales y concejalas" y que son precisamente ahora las instituciones del Estado de Derecho "las que, con su intervención, representan la solución a los problemas que tiene planteados la ciudad de Marbella".

Para el presidente andaluz, "es necesario" que en Marbella "impere la ley y se garantice el Estado de Derecho", máxime cuando su Ayuntamiento está viviendo en los últimos años "una situación insólita donde dieciocho concejales y concejalas, entre ellas la alcaldesa y el último alcalde están en este momento imputados o procesados por presuntos delitos".