AGENCIAS
4 de abril de 2006

El Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para disolver el Ayuntamiento de Marbella tras la presunta trama de corrupción descubierta. Sin embargo, no es posible que se adelante la convocatoria de elecciones locales por los plazos que fija la Ley Electoral, por lo que se creará una comisión gestora.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo, que la voluntad del Gobierno es actuar "con toda rotundidad", una vez confirmados los indicios delictivos.

La decisión del Ejecutivo se tomó tras la petición del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Se fundamentó en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la Ley Electoral General, cuyos artículos 61 y 183, respectivamente, fijan los aspectos formales necesarios para iniciar el procedimiento de disolución de una Corporación.

El Gobierno ha solicitado un informe a la Comisión Nacional de Administración Local y al Senado sobre la disolución del Consistorio para que el viernes próximo el Consejo de Ministros pueda aprobar un real decreto de disolución.

A preguntas de los periodistas, Fernández de la Vega comentó que no es posible, dados los plazos previstos por las leyes mencionadas, convocar elecciones anticipadas en Marbella.

No habrá elecciones anticipadas

La ley fija que no puede haber elecciones con menos de un año de antelación de los próximos comicios municipales, que están previstos para el 27 de mayo de 2007.

No obstante, la vicepresidenta explicó que, "para evitar cualquier duda o interpretación" y "para que todo el mundo esté tranquilo" -en alusión a la petición del PP de que se convoquen elecciones anticipadas- el Gobierno va a solicitar con carácter de urgencia un informe al Consejo de Estado.

Asimismo, pidió que se evite cualquier interpretación partidista sobre el asunto, así como anteponer los intereses generales a los electoralistas, y actuar con rigor y responsabilidad.

Una comisión gestora

La vicepresidenta aseguró que como el Gobierno cree que no es posible convocar elecciones anticipadas, considera que la solución es la creación de una comisión gestora, como prevé la ley en los supuestos en los que no caben elecciones.

Agregó que esa comisión será designada por la Diputación de Málaga, y enumeró las leyes para establecer los criterios de composición.

Fernández de la Vega dijo que los miembros han de ser escogidos entre personas empadronadas en el municipio y con arraigo en éste, que cumplan con los requisitos para poder ser elegibles, y la designación debe tener en cuenta la afiliación política de los concejales sustituidos.

La Diputación, según explicó, va a iniciar una consulta entre los partidos políticos de la provincia, y expresó la voluntad del Gobierno de que la comisión gestora se cree cuanto antes con un acuerdo político "para restituir la normalidad democrática".

Mano dura contra la corrupción

Como ya hizo el viernes pasado tras la reunión del Consejo de Ministros, de la Vega ha reiterado que el Gobierno no tolerará ni amparará comportamientos corruptos, a los que se propone combatir.

Constató la "verdadera alarma social" que producen comportamientos como los ocurridos entre algunos ediles de Marbella, con "un repugnante enriquecimiento ilícito" que se debe combatir y erradicar, "lo que -dijo- es una tarea de todos y especialmente de los servidores públicos".

La vicepresidenta insistió en el compromiso del Gobierno por erradicar estas prácticas de corrupción y aseveró: "estén seguros de que lo vamos a cumplir y a hacer cumplir".