AGENCIAS
29 de marzo de 2006

El Ayuntamiento de Marbella está marcado por las sospechas de corrupción desde hace mucho tiempo. 20 de los 32 concejales de la actual Corporación han estado o continúan imputados por diversos delitos. La investigación actual se inició a partir de la Operación Ballena Blanca.

Cuatro de los concejales de esta legislatura ya han sido condenados a prisión, lo que ha motivado el relevo de nueve ediles en dos años y medio.

La Junta de Andalucía inició el pasado 16 de marzo el expediente para retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella. En los tribunales impugnó más de 200 licencias municipales de obras, casi las mismas que acumularon los Gobiernos de Jesús Gil y Julián Muñoz en 12 años.

Además, un Juzgado de Marbella decretó este mismo mes el embargo preventivo de la casa de la alcaldesa por el impago de 949.926 euros a Construcciones Copasur por una obra efectuada en ella.

Desde la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la Alcaldía en agosto de 2003, Yagüe, que contó entonces con el apoyo de otros siete compañeros del antiguo GIL, tres del PSOE y otros tres del Partido Andalucista, ha visto salir de la corporación a nueve de sus miembros, principalmente por problemas con la Justicia.

La corporación quedó entonces dividida en siete grupos políticos -tres de ellos formando el Gobierno tripartito- y con un total de catorce ediles imputados, todos del antiguo GIL, presuntamente por conceder licencias de obra contrarias al planeamiento vigente.

Julián Muñoz pasó a la oposición junto a cinco ediles del GIL afines a él, y en febrero de 2004 fue inhabilitado por un delito contra los derechos cívicos y su acta de concejal pasó a ocuparla el siguiente en la lista del GIL.

En enero de 2005, la Fiscalía Anticorrupción imputó a la alcaldesa, su antecesor, Julián Muñoz, y a otros siete concejales por un delito de prevaricación por una supuesta operación inmobiliaria ilegal llevada a cabo por el Ayuntamiento.

Yagüe afrontó otra crisis en septiembre, cuando los andalucistas Carlos Fernández y Pedro Pérez fueron expulsados del equipo de gobierno tras descubrir una investigación interna supuestas coacciones de ambos a varios trabajadores municipales.

Los dos concejales del PA y su compañera María José Lanzat, que dimitió del gobierno tripartito tras lo ocurrido, pasaron entonces a la oposición.

En noviembre fueron inhabilitados los concejales Rafael González y Marisa Alcalá por un delito contra la ordenación del territorio, así como Carlos Fernández, considerado culpable por un jurado popular por malversación de caudales públicos, lo que le llevó a dimitir.

Un fleco de la Operación Ballena Blanca

La operación que ha llevado a la detención de la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, surgió a raíz unas escuchas telefónicas relacionadas con el caso Ballena Blanca, la mayor actuación policial contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico llevada a cabo en España.

Fuentes judiciales explicaron a la agencia Efe que el instructor del caso había autorizado intervenir unos teléfonos para continuar con las indagaciones. En una de esas escuchas, se interceptó otro posible caso sobre blanqueo de dinero.

Debido a ello, el juez autorizó realizar una pieza separada en la que se investigan los delitos de blanqueo y cohecho.

Las mismas fuentes señalaron que esta nueva investigación comenzó hace cuatro meses y que aunque puede haber cerca de una veintena de implicados, hay "dos o tres principales".

El núcleo del entramado está en Marbella, aunque hay ramificaciones en otras provincias españolas, entre ellas Madrid y Murcia.

La operación Ballena Blanca se inició en marzo de 2005 y supuso la detención de medio centenar de personas de distintas nacionalidades, entre ellos tres notarios y varios abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella más de 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.