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29 de septiembre de 2005

Un informático de Utrera se juega ante el juzgado un año de cárcel y 7.920 euros. La Fiscalía de Sevilla y las hermandades de la Macarena, San Bernardo y Gran Poder le acusan de un supuesto delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos y otro contra la propiedad industrial. Las marcas registradas que supuestamente ha violado este programador son las de las imágenes de los pasos de las cofradías sevillanas, unas tallas de madera con varios siglos de historia que cuentan en España con la misma protección legal que el logo de Coca Cola.

El juicio empieza este viernes pero el caso data de hace ya tres años. El acusado, J.C.C.S, es el autor del videojuego “Matanza Cofrade”, un programa informático cuyo argumento consiste en sobrevivir, a tiros, contra el ataque de una cofradía maligna cuyos miembros se han trasformado en zombies. En los decorados del juego aparecen las imágenes de los pasos religosos de varias hermandades sevillanas, que iniciaron la denuncia.

El videojuego 'Matanza cofrade' iba a ser distribuido con un disco grupo musical “Narco” como una pista interactiva dentro de su álbum 'Registro de penados y rebeldes'. En el caso también estaban imputados un trabajador de una discográfica madrileña, que alegó que sólo actuó de intermediario para la distribución del CD, e incluso los miembros del grupo Narco prestaron declaración ante la Guardia Civil cuando el videojuego fue secuestrado judicialmente.

El juzgado que instruyó esta causa dictó el pasado otoño auto de apertura de juicio oral. J.C.C.S será interrogado por supuestos delitos contra la propiedad industrial y contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Finalmente, será el único procesado. De los dos supuestos delitos, el más grave, a juicio del fiscal, es el de piratería. Por el delito contra la propiedad industrial se le pide un año de prisión y 4.320 euros de multa y en cuanto al otro sólo se solicita la pena de multa de 3.600 euros.


De Utrera a Sevilla

El informático reconoció ante la Guardia Civil ser autor del videojuego aunque dijo que su intención no era ofender. De la investigación del caso se inhibió en un primer momento un juzgado de instrucción de Sevilla en favor de los juzgados de Utrera porque el programa se había ejecutado en esta localidad y se difundió a través de líneas telefónicas de la misma.

Pero la Fiscalía de Sevilla recurrió esta inhibición ya que fue en la capital donde el videojuego fue denunciado por las hermandades, algo que en marzo de 2003 consideró el Tribunal Supremo, que entendió que en supuestos de esta naturaleza el delito se comete donde se produce el resultado de conocimiento, lo que implicó que la investigación se llevara a cabo en la ciudad del destinatario de las mismas.

El tribunal precisó también que al tratarse de la difusión del videojuego por un medio como Internet, el resultado puede cometerse en cualquier lugar, por lo que sería competente cualquier juzgado donde se produzca el resultado, estimando en este caso concreto que la investigación la debía realizar el citado juzgado porque fue donde se denunció el hecho y donde se descubrieron las pruebas materiales del delito.