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KAMALA OROZCO
La Ley de extensión de derechos a los afectados por la Guerra Civil y la Dictadura, más conocida como Ley de la Memoria Histórica, es una propuesta de ley aprobada por el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2006, pero aún pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados.
La aprobación de esta Ley supondría el el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos, de las victimas de la dictadura, la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por el régimen franquista, hasta ahora realizadas desde entidades privadas (como la Asociación para la recuperación de la memoria histórica y el Foro por la Memoria o comunidades autónomas a la espera de subvenciones estatales) o la retirada de los símbolos franquistas de las vías públicas.
Un proyecto iniciado en 2004
El camino de esta Ley se inició el 10 de septiembre de 2004 con la aprobación de un Real Decreto de creación de una comisión interministerial en la que se estudiara la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y buscara su 'rehabilitación moral y jurídica'. La comisión interministerial, presidida por María Teresa Fernández de la Vega, realizó un IU, que presentaron proyectos alternativos. Seis días antes, el Congreso de los Diputados había aprobado, con la única oposición del Partido Popular, que el año 2006 fuera declarado año de la memoria histórica.
Excavación de una fosa. Foto: Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Durante dos años, el PSOE ha intentado conseguir apoyo a su proyecto de Ley. El resto de grupos parlamentarios, especialmente IU y ERC, han pedido una 'condena expresa del franquismo' y sobre todo una explicación del artículo 3 de la ley, donde se establece una reparación a las víctimas de los juicios sumarísimos de la Guerra Civil y la Dictadura.
Con el acuerdo alcanzado ahora, el artículo 3 declararía 'la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas", y considera "ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa" de los tribunales franquistas. Este artículo irá acompañado en la ley, según el texto que el Gobierno ha pasado a todos los grupos, por una disposición derogatoria de todas las leyes represoras del franquismo, comenzando por la primera, el bando de guerra del 28 de julio de 1937.
Polémica Ley
Para grupos parlamentarios como el de ERC o IU y asociaciones como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, es urgente 'saldar la deuda' con las víctimas del franquismo y reconocer la lucha de las personas que apoyaron la legalidad republicana y fueron asesinadas por ello.
Para otros grupos, como el PP, esta Ley supone abrir conflictos ya cerrados e imponer una revisión de la transición democrática. En cambio para ERC, la ley se queda corta y 'no cumple la expectativa generada con las víctimas' y se queda 'a medias' después de treinta años.
Aparte de los juicios sumarísimos, otros puntos de conflicto son la retirada de símbolos franquistas como estatuas, bustos, monumentos y nombres de calles que conservan muchas ciudades. El problema de esta propuesta es que en muchos casos son los propios municipios quienes tienen la competencia para decidir sobre este asunto.
Otro punto caliente es el de la búsqueda de familiares en fosas comunes. Hasta ahora, estas exhumaciones las realizan asociaciones como la ARMH, con la ayuda de voluntarios. Se pide un entierro digno para los antepasados enterrados en fosas. También se pide la devolución de todo el patrimonio expoliado durante la guerra a partidos, agrupaciones y particulares lo que supondría, por ejemplo, la devolución de muchos documentos como los famosos 'papeles del Archivo Histórico de Salamanca', fondos documentales expoliados en Cataluña tras la Guerra Civil y que forman parte desde 1937 del Archivo Histórico Nacional.
Por último, hay posiciones enfrentadas en torno a la petición de sacar las tumbas de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos para crear allí un centro de interpretación de la represión franquista y la instalación de una exposición permanente en homenaje a los reclusos políticos que fueron obligados a levantar ese lugar con sus manos y donde muchos perdieron la vida.
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