Estos son los casos de corrupción urbanísitca más recientes y destacados en la Comunidad de Murcia.

MURCIA

TOTANA: La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Totana, Asunción Navarro, investiga la presunta trama de corrupción urbanística en esta localidad que ha llevado al banquillo a más de quince personas. Entre ellas figura el alcalde, José Martínez Andreo.

LOS ALCÁZARES: Esta localidad murciana está salpicada por la mano de Juan Antonio Roca, se sospecha que blanqueó parte del dinero obtenido en Marbella en operaciones urbanísticas en el Mar Menor.

ÁGUILAS: El Gobierno murciano y el ayuntamiento de la localidad (ambos del PP) están siendo investigados por los trámites de desprotección y recalificación en 2005 de 240 hectáreas de suelo de la finca La Zerrichera, para la construcción de unas 4.000 viviendas, un campo de golf, zona comercial y un hotel.

CARTAGENA: La Fiscalía investiga la compraventa de 500 hectáreas en la finca Lo Poyo, con terrenos protegidos como un saladar, situado a orillas del Mar Menor. La denuncia fue presentada por el PSOE por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En 2004 los terrenos pasaron a manos de personas y empresas vinculadas con la trama marbellí, que lo compran por 213 millones de pesetas, según denuncia el PSOE. El proyecto urbanístico, que ha suscitado una fuerte polémica, prevé la construcción de más de 2.000 viviendas y complejos hoteleros.

MAZARRÓN: Un juez investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera, cabeza de lista del Partido Independiente por Mazarrón (PIXM), cuyos tres concejales han permitido con su apoyo la reclasificación de más de 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico que pasarán a ser urbanizables.

SAN JAVIER: El proyecto Puerto Mayor consiste en la construcción de un puerto deportivo con mil puntos de amarre en La Manga del Mar Menor así como de más de 800 viviendas, un hotel, un palacio de exposiciones, zona comercial y un campo de golf en 500.000 metros cuadrados ganados al mar mediante el vertido de 1,5 toneladas de áridos. En junio de 2005, tras una denuncia del Seprona y un posterior recurso administrativo del Ministerio de Medio Ambiente, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó paralizar las obras. En la empresa promotora del proyecto figuraba como consejero Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia.