AGENCIAS
31 de octubre de 2005

El juez ha citado el miércoles a las personas que han sido identificadas como ocupas de viviendas en Jun por la Guardia Civil y que han alegado derecho posesorio para permanecer en las casas, según informaron a Efe fuentes judiciales.

En un extenso auto, el juez de guardia -Juzgado de Instrucción 8- los ha citado para que justifiquen su alegación para, en caso contrario, decretar su desalojo.

La fuente apuntó que en el caso se han personado la mayoría de los propietarios, excepto tres, y señaló que además, el juez ha encargado una quincena de diligencias a la Guardia Civil, entre otras, para que se conozca la autoría de los hechos que se denuncian y de los daños en elementos comunes del edificio.

La decisión judicial llega después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitiera un dictamen solicitando el desalojo y que si se si se logra identificar a las personas responsables de allanamientos de morada con violencia o intimidación que sean detenidas y puestas a disposición judicial.

García Calderón informó hoy a Efe de que el dictámen fue remitido sobre las 13.00 horas al Juzgado de Instrucción 8 de Granada, encargado del caso, y subrayó que se ha emitido en el mismo día en el que la Fiscalía tuvo conocimiento de la existencia de diligencias previas y de denuncias.

Las diligencias, dijo el fiscal, fueron abiertas tras una denuncia registrada el 17 de octubre por ocupación de viviendas vacías y que fue ampliada el 21 de octubre al ser identificados los presuntos ocupas.

El 31 de octubre se registró otra denuncia, en la que, señaló García Calderón, se hacía constar que todas las viviendas estaban vacías y que no existía violencia ni intimidación.

Añadió que hoy tuvo entrada una tercera denuncia, la interpuesta por tres propietarios y el alcalde, y en ellas ya se considera la posible existencia de violencia e intimidación, así como de viviendas que constituyen morada, es decir en las que vivía gente antes de ser ocupadas.


La Fiscalía distingue entre viviendas vacías y con inquilino

Tras conocer los hechos, apuntó García Calderón, se ha emitido un dictamen en el que se pide que se acumulen todas las denuncias, a lo que añadió que la Fiscalía distingue entre el caso de las viviendas que estaban vacías y las que tenían inquilino.

"En el caso de que no tuvieran inquilinos podría tratarse de un delito de usurpación de bien inmueble o de daños, mientras que en el de las que sí tenían morador se trataría de un delito de allanamiento de morada y daños", añadió García Calderón.

Al margen de éstos, apuntó el fiscal, podrían existir otros delitos como amenazas a personas que no son inquilinos, "como es el caso del alcalde", y defraudación de fluido eléctrico, "porque, al parecer, hay viviendas que se conectan a una instalación que no es la propia".

"Sobre esa base, pedimos que se proceda al desalojo de estas personas por la Guardia Civil" y que si se logra identificar a las personas responsables de allanamientos de morada con violencia o intimidación que sean detenidas y puestas a disposición judicial.

Las casas ocupadas forman parte de un edificio de tres bloques de viviendas que suman 47 pisos, que, salvo tres, son propiedad de tres hermanos.

El subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, aseguró que, de forma inminente, se restituirá la legalidad en Jun, donde, según el alcalde, José Antonio Rodríguez, 24 familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas, bien porque han sido directamente expulsados de ellas por su actuales inquilinos o bien por miedo a sus nuevos vecinos.