AGENCIAS
24 de febrero de 2006

El Gobierno ha aprobado un cambio legal que permitirá a la Comisión Nacional de Energía (CNE) examinar la opa presentada por la empresa alemana E.ON sobre Endesa. Aumenta las competencias de la CNE para que pueda intervenir en cualquier cuestión que afecte a “intereses públicos”.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que el decreto permitirá a la CNE analizar operaciones "cualquiera que sea el promotor de la iniciativa que afecte a interese públicos protegibles".

Esta medida permitirá a la Comisión supervisar la opa presentada esta semana por E.ON sobre Endesa. Hasta ahora la norma actual no contemplaba que el regulador se pronuncie cuando una empresa que desarrolla actividades reguladas es comprada por otra, independientemente de si tiene o no negocios en los ámbitos regulados.

También se ha cambiado la “función decimocuarta”, por la que la CNE tiene que dar su criterio sobre el impacto de una opa, u otras operaciones, en actividades como la distribución de gas natural y electricidad. Ahora, los nuevos criterios se aplicarán a la empresa que haga la oferta de compra, con independencia de que sea española o extranjera.

Ayer, el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, llamó la atención sobre la "asimetría" de la regulación actual y consideró "razonable" ampliar las competencias recogidas en la función decimocuarta del a CNE.

Fernández Segura calificó de "chocante" que el regulador energético emita informes vinculantes en operaciones como Gas Natural-Endesa o compras de distribuidoras de gas o electricidad de ámbito regional, y que no lo haga cuando la compradora es una empresa extranjera como E.ON.

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado un segundo decreto que afecta a la regulación del sector eléctrico y cuyo objetivo es "reducir el déficit de tarifa", según señaló De la Vega.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, afirmó en la rueda de prensa que el objetivo de estas medidas es introducir modificaciones "para favorecer la competencia" y cambios técnicos que tienen que ver con el proceso de convergencia para la puesta en marcha del mercado ibérico de la electricidad (Mibel).

Montilla explicó el 7 de febrero que uno de sus objetivos era suprimir las distorsiones observadas en los precios del mercado eléctrico mayorista, situación que permitirá reducir el déficit de tarifa.

El pasado año las eléctricas acumularon un déficit por la insuficiencia de la tarifa de 3.502 millones de euros, cantidad que tuvo que ser abonada por la Administración central.