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30 de enero de 2007

Los representantes de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena acudieron a las nueve y media de esta mañana a declarar como imputados ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), al atribuírseles la comisión de un delito de desobediencia previsto en el artículo 556 del Código Penal -que prevé una pena de entre seis meses y un año de prisión-, por reunirse el 19 de abril de 2006 con el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

Los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna acudieron al TSJPV acompañados de la abogada Jone Goirizelaia y del dirigente abertzale Joseba Permach. También estuvieron en las puertas del Palacio de Justicia de Bilbao para apoyar a los tres imputados de la formación abertzale Tasio Erkizia, Ibon Arbulu, Rufi Etxebarria, Mikel Etxeburu, Joana Regeiro y Marije Fullaondo.

Por otro lado, minutos antes de entrar al Palacio de Justicia los dirigentes de Batasuna imputados, acudió al TSJPV el miembro del Foro Ermua Iñaki Ezkerra, acompañado del abogado Fernando García-Capelo. El Foro Ermua presentó el 27 de abril de 2006 una querella contra los ahora imputados por la reunión que mantuvieron con el lehendakari el 19 de abril del mismo mes.

Otegi declara ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) un día antes que Ibarretxe, que ha sido citado por la misma causa para mañana.

También están citados ante el TSJPV otros dos dirigentes de Batasuna, en concreto Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

Los tres declaran en calidad de imputados en relación con la presunta comisión de un delito de desobediencia, en el que habrían incurrido al participar como partido político en la citada reunión, actividad prohibida por la sentencia de ilegalización que dictó el Tribunal Supremo.

Las comparecencias de Otegi e Ibarretxe se producirán después de que se haya sabido que el "lehendakari" y el líder de la formación ilegalizada se volvieron a ver la pasada semana, reunión que ha sido criticada por distintos colectivos, pero que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no considera delito. LA