AGENCIAS
5 de noviembre de 2005

El Gobierno francés, ante el contagio por buena parte del país de unos disturbios cada vez más destructivos, combinó hoy los mensajes de firmeza frente a los delincuentes, con muestras de interés por acelerar los planes de ayuda a los barrios desfavorecidos.

El Ejecutivo quiso sobre todo dar la impresión de estar movilizado frente a un saldo de casi 900 vehículos incendiados en la novena noche consecutiva de altercados en los que la policía detuvo a más de 250 personas, y que por segunda vez no sólo no se limitaron a la periferia de París, sino que se extendieron a muchas otras ciudades de toda la geografía de Francia.

Al término de una reunión de crisis de ocho ministros en torno al jefe del Gobierno, Dominique de Villepin, el titular de Empleo, Jean-Louis Borloo, fue el encargado de anunciar que se acelerará la aplicación de los planes de renovación urbana y de cohesión social.

Borloo subrayó que ese plan de renovación urbana, que se espera desde hace 25 años, va a tener una dotación de 25.000 millones de euros, y el de cohesión social 15.000 millones de euros.

Del plan de renovación urbana, lanzado hace 18 meses, destacó que sirve para transformar barrios, doblar el número de viviendas sociales y crear zonas francas urbanas, donde las empresas que se instalan tienen exenciones fiscales.

Al criticado ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, le tocó el papel de asegurar que el Ejecutivo es "es unánime" sobre la necesidad de aplicar "firmeza" frente a los disturbios

"Todo el mundo debe entender que quemar un vehículo es injusto para el propietario del vehículo y puede costar caro en términos de condenas", subrayó Sarkozy, quien indicó que "el Estado republicano no puede aceptar la violencia" que "no aporta nada a nadie".

Dentro de la estrategia represiva, Sarkozy reunió para examinar la situación a los responsables de la Policía Nacional, del contraespionaje (DST), de los servicios de información de la policía, de la policía judicial, de los antidisturbios (CRS) y de la unidad de elite de la policía (RAID).

Varias manifestaciones en las que participaron miles de personas recorrieron hoy algunas de las ciudades afectadas por los disturbios para manifestar el hartazgo por las violencias por parte de una población que ha sufrido en carne propia la quema durante los últimos días de más de 2.200 vehículos, comercios, equipamientos y otro tipo de agresiones.

Además de una mujer minusválida que sufrió quemaduras graves al incendiar un grupo de jóvenes violentos a mediados de semana el autobús en el que viajaba y del que no pudo escapar por sus propios, un hombre de 61 años estaba en coma tras ser agredido la pasada noche en Stains, en la periferia norte de París, en un acto que podría estar vinculado a la ola de disturbios.

El presidente francés, Jacques Chirac, se ha mantenido al margen de la actualidad más caliente, una actitud que su gabinete justificó porque no vale la pena hablar por hablar ahora que se está en una fase de "acción en responsabilidad", y porque su intervención se producirá cuando lo considere necesario.

Los padres de los dos adolescentes cuya muerte en la localidad de Clichy-sous-Bois desencadenó el estallido de violencia lanzaron un llamamiento a la calma para evitar que se reprodujeran los incidentes una vez que caía la noche como las autoridades temían.

También para intentar calmar los ánimos, Villepin había informado personalmente al rector de la mezquita de París, Dalil Boubakeur, que la bomba lacrimógena que impactó el domingo de la semana pasada contra una mezquita junto a Clichy no había sido lanzada por los antidisturbios contra el lugar de culto, y que se trató de un "desgraciado accidente".

Esa localidad seguía siendo uno de los centros de atención informativa, como todo el departamento de Seine-Saint-Denis, un concentrado de la realidad que pretenden mejorar los planes gubernamentales dirigidos a los barrios desfavorecidos.

En Seine-Saint-Denis viven de 1,4 millones de habitantes en gran medida franceses de origen inmigrante, pero también extranjeros de 80 nacionalidades, y su tasa de paro es del 13,9 por ciento frente al 9,8 por ciento de media nacional.

No sólo el paro es muy elevado, sino que entre los que trabajan el nivel de ingresos es bajo -un 29 por ciento cobran sueldos inferiores al salario mínimo-, Las viviendas sociales representan un 32 por ciento del total, 47.925 personas reciben el subsidio mínimo de subsistencia y uno de cada cuatro adultos carecen de estudios.