AGENCIAS
14 de agosto de 2005

El director de ‘El Mundo’, Pedro J. Ramírez, ha anunciado que presentará una querella contra el diputado de ERC Joan Puig y el resto de personas que ayer entraron por la fuerza en su casa de Son Servera, en Mallorca. Los manifestantes protestaban por la piscina del chalé del periodista por considerar ilegal su construcción.

Pedro J. Ramírez explicó que los servicios jurídicos de El Mundo presentaron el sábado por la noche una denuncia en el Juzgado de Guardia de la localidad mallorquín de Manacor contra Joan Puig y otras doce o quince personas que intervinieron en el "asalto", por los delitos de allanamiento de morada, coacciones, agresión y vulneración de la intimidad.

El director de El Mundo agregó que en la misma instancia denunciaron a la Guardia Civil por la omisión del deber de impedir un delito. Al margen de estas acciones legales, Ramírez exigió al Gobierno que imponga una sanción gubernativa porque, "ya que no me ha protegido, por lo menos que castigue en el ámbito de sus competencias a quienes me atacaron a mí y a mi familia vulnerando la legalidad".

Un grupo de manifestantes, entre los que se encontraba el diputado de ERC Joan Puig, entró el sábado, pese a la oposición de agentes de seguridad privados, en el recinto de la piscina de Pedro J. Ramírez para reclamar el derecho de paso por esa zona y denunciar lo que consideran una vulneración de la Ley de Costas.

"Yo todavía estoy que no me lo creo", manifestó Ramírez a la agencia Efe, quien consideró que tanto el diputado de ERC como el resto de personas que entraron en su casa son "independentistas radicales" y "no les importa nada la ecología, ni el derecho de paso, ni la situación de la piscina que hay en mi domicilio", sino que "las Islas Baleares deben formar parte de los Países Catalanes".

Tras considerar que el incidente es un "pretexto, un acto de coacción y de agresión en contra de la independencia" del diario El Mundo que "defiende la unidad de España", Ramírez confesó que sintió "miedo" durante el incidente, por lo que instó al Gobierno a que explique si va a protegerle tanto a él como a su familia "de los actos de violencia de sus socios parlamentarios".


Joan Puig también presentará una denuncia

Joan Puig, el diputado de ERC que entró ayer en la piscina de la casa del director de El Mundo, aseguró que él y quienes le acompañaban sufrieron una "agresión" en un espacio por el que tenían derecho a pasar y criticó el "trato de favor" por parte del Gobierno hacia el periodista.

En declaraciones a Efe, el dirigente nacionalista manifestó que ERC, el PSM, IU, Los Verdes de Mallorca, el grupo ecologista Gadma y el Lobby per la Independencia presentarán mañana una denuncia por agresiones, lesiones e intimidación contra Ramírez, los agentes privados de seguridad y la empresa para la que trabajan éstos.

Según su versión de los hechos, el grupo de personas que se concentró ayer frente a la finca del periodista, trataba de denunciar, usando un mapa de la zona marítimo terrestre de la propia Dirección General de Costas, que el espacio donde Pedro J. tiene su piscina es "claramente de dominio público y, por lo tanto, el derecho de paso garantizado por ley".

Cuando llegaron "a la altura de la propiedad del señor Pedro J. -continuó- nos encontramos a unos guardas de seguridad que nos impidieron el paso, nos agredieron a unos cuantos, hay certificados médicos de ello, y no nos dejaron pasar".

"Pedro J. puede presionar y chantajear al Gobierno pero a los ciudadanos no nos va a chantajear. Que se calme, está muy histérico. Ha tenido que utilizar a los lugartenientes Zaplana y Acebes para sacar pecho. Forma parte, supongo, de los favores que le tienen que pagar al señor Pedro J.", argumentó.


Abren expediente administrativo

El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, ha confirmado que ha ordenado la apertura de un expediente contra las personas que ayer entraron en la piscina.

En un comunicado, Socías recuerda que el uso público del área que ocupa la piscina anexa a la vivienda que el periodista tiene en la Costa de los Pinos, en el municipio de Son Servera, "está limitado por una resolución de la Dirección General de Costas del 20 de mayo de 2005".


Denuncia contra los vigilantes

La diputada autonómica del PSM María Antonia Vadell ha acusado a los guardias de seguridad que vigilaban la piscina de agredir y provocar lesiones a los manifestantes que reclamaron su derecho de paso entrando sin permiso en el recinto.

En declaraciones a la agencia Efe, la dirigente nacionalista consideró "vergonzoso" el trato dado por los agentes de seguridad privados a los "jóvenes" que realizaron la protesta. En esta manifestación, precisó Vadell, denunciaban la vulneración de Ley de Costas.

La parlamentaria regional agregó que la ley fija el derecho de paso por una franja mínima de seis metros en las riberas del mar y aseguró que el recinto de la piscina al borde del agua de Ramírez en la Costa de los Pinos mallorquina "no respeta" ese precepto.

Según relató, tras ofrecerse estas explicaciones, y mientras "un guardia civil de paisano hacía fotografías de todo", siete u ocho manifestantes, "los más jóvenes", treparon por la roca hasta el muro del recinto de la piscina y lograron entrar pese a la oposición de los guardias de seguridad.

Cuando los agentes privados lograron echar "a empujones" a los manifestantes, entre los que se encontraba el diputado Joan Puig, tres de ellos sufrieron lesiones por el forcejeo y posteriormente presentaron una denuncia por agresiones ante la Guardia Civil de este municipio.

La diputada nacionalista insistió en que quienes entraron en la piscina "simplemente han ejercido el derecho de paso" y consideró que sería "lamentable" que se sancionara a estas personas para defender "el interés de un particular en vez del interés público".


El PP apoya al periodista

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha condenado el "asalto" a la residencia del director de "El Mundo" y ha exigido explicaciones al ministro del Interior por no haber puesto medios para evitarlo.

Según informó el PP en un comunicado, los hechos son "de una gravedad extrema, es una barbaridad y una vergüenza".

"Ante el conocimiento de que se iba a cometer un delito, los medios enviados han sido ínfimos y absolutamente insuficientes. ¿Qué garantías de seguridad ciudadana podemos tener si cuando un delegado del Gobierno sabe que se va a cometer un delito, se cruza de brazos y no hace nada?", se preguntó el portavoz popular.

Para Zaplana, el hecho de que en este suceso "participe un destacado diputado nacional de ERC es un despropósito, una desfachatez y una barbaridad que nos sitúa en épocas que creíamos absolutamente superadas".

"Eso sólo sucedía a principios del siglo XX, cuando nacía el comunismo o el fascismo, o en los peores años 30 de nuestra historia", agregó el portavoz popular.