BELÉN TOLEDO
29 de diciembre de 2005

¿La prostitución es un ataque contra la dignidad de la mujer o es un negocio como otro cualquiera? ¿Todas las prostitutas están bajo el control de mafias o chulos, o hay también mujeres que prefieren ése a otros trabajos? En los últimos meses, estas cuestiones enfrentan a los ayuntamientos de las grandes ciudades españolas con algunos colectivos que agrupan y representan a trabajadoras del sexo. Los primeros quieren quitar la prostitución de las calles y los segundos, legalizarla.

“Cuando una nigeriana, por ejemplo, tiene la boca llena de llagas y tiene que acostarse con un hombre por dinero, ¿eso es sexo consentido? No, eso es violencia de género, y lo es porque supone una lesión para la persona que lo ejerce”. Para Asunción Miura, Directora General de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid, la prostitución no es, desde luego, un negocio como otro cualquiera.

Para ella y para su equipo, dirigido por la concejala de Asuntos Sociales Ana Botella, la prostitución es un ataque contra la dignidad de la mujer y por tanto la sociedad tiene que actuar para acabar con esa práctica. Según Miura, la prostitución es violencia de género, igual que el maltrato doméstico: “Aunque una mujer maltratada perdone a su marido, la sociedad no debe perdonarlo. En el caso de la prostitución, es lo mismo. No podemos permitir que quede impune esa forma de explotación de la mujer”.

De acuerdo con este planteamiento, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en práctica un “plan contra la explotación sexual”. Consiste en lanzar una campaña publicitaria para convencer a la población, y sobre todo a los clientes potenciales, de que es necesario acabar con la prostitución. La otra parte del plan, la más criticada por las prostitutas, es la actuación policial.


Policía en la calle para acosar al cliente

Puri, madrileña de unos cincuenta años que ejerce la prostitución desde hace unos treinta, se queja de la presencia policial en las calles: “Te ponen el coche cerca de la puerta de la casa (se refiere a la pensión donde una prostituta que trabaja en la calle alquila una habitación) y los hombres se acojonan. Tienes que trabajar el doble para ganar el mismo dinero”.

Quejas como la de Puri abundan entre las prostitutas. Mamen Briz es una de las mujeres que componen Hetaira, una asociación que defiende la legalización de la prostitución con las garantías y los derechos laborales de cualquier otro trabajo. Dice que “hay muchísimo malestar entre las chicas de la calle porque la policía se dedica a iluminar con los faros de sus vehículos a los coches parados en la Casa de Campo. También multan a los clientes, de forma que a sus casas llega la notificación de que han estado en ese sitio y a esa hora, y sus familias se enteran de todo. Esto es un ataque contra la intimidad de estos hombres, a la vez que hacen más difícil el negocio de las prostitutas”.

La policía está, efectivamente, ahuyentando a los clientes, pero se limita a cumplir órdenes. Jesús Mora, coordinador general de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, explica que el objetivo del Consistorio es precisamente éste: que el cliente se encuentre a la policía cuando va a buscar sexo, y abandone su propósito.

Los guardias hacen pruebas de alcoholemia, controles de tráfico, piden la documentación de los vehículos. No se puede detener a nadie por buscar sexo, porque no es ilegal, pero se puede ‘aburrir’ al cliente hasta conseguir que las prostitutas dejen de trabajar.

En Madrid, el Ayuntamiento ha alejado así la prostitución de algunas zonas, como la Colonia Marconi. El Consistorio ha atendido de esta manera las quejas de los vecinos, que no quieren ver a las prostitutas cerca de sus casas. Pero las prostitutas no desaparecen: se van “fuera de las zonas habitadas”, según Jesús Mora. Según Hetaira, ésta es una forma de castigarlas, porque su trabajo se hace más difícil y más peligroso.

El Ayuntamiento propone entonces que ellas abandonen esa actividad y encuentren trabajos que “les hagan más libres”, según apostillaba Mora. El Consistorio ha puesto en marcha medidas sociales para ayudarlas a encontrar otro trabajo. Lo hace con la ayuda de asociaciones como APRAM (Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas) que también defienden que la prostitución debe desaparecer.

El plan lleva poco tiempo funcionando, así que todavía no sabemos si alguna mujer ha decidido abandonar la prostitución de la mano de la administración local de Madrid.


“Seguir puteando”

Puri dice que no conoce a ninguna mujer que haya dejado la prostitución gracias a las alternativas y las ayudas que el Ayuntamiento ofrece: “Si tienen que pagar alquiler y mantener a sus hijos, ¿tú crees que van a vivir con 300 euros? Pues no: tienen que seguir puteando. A ver qué van a hacer si no...”.

“La mayoría de las prostitutas son inmigrantes. –Añade Puri-. Han pedido préstamos para venir aquí, quieren traer a sus hijos. ¿Qué van a hacer, limpiar portales por una miseria de sueldo? ¿El Ayuntamiento les va a dar de comer a todas? Prefieren hacer la calle, porque de todas formas no tienen contrato ni papeles y así por lo menos comen”.


Las mafias como excusa

Los responsables de Asuntos Sociales del Ayuntamiento consideran que vender sexo es un atentado contra la dignidad femenina. Su argumento es que la mayoría de las trabajadoras del sexo están bajo el control de las mafias. No tienen estudios sobre cuántas prostitutas hay en Madrid, ni han investigado cuántas están sufriendo coacción. El único dato que ofrecen es que el 85% de ellas son extranjeras y, por lo tanto, vulnerables ante una eventual presión de las mafias.

El problema con el que se encuentran es que la sociedad española no está sensibilizada contra la prostitución. Esta actividad no se percibe como un problema, como sí pasa con el maltrato doméstico. Para convencer a la población de que la prostitución debe desaparecer, el Ayuntamiento recurre al fantasma de las mafias.

El plan municipal se ha hecho pensando en las mujeres que están sometidas a las redes de delincuencia asociada al sexo. En cuanto a las mujeres que libremente han elegido ese oficio, Miura afirma que el porcentaje es tan ínfimo que el Ayuntamiento no puede actuar de acuerdo a sus peticiones.

La postura de las asociaciones partidarias de la legalización, como Hetaira, es la contraria: opinan que la inmensa mayoría de las prostitutas que trabajan en la calle prefieren ése a otros trabajos. Y lo prefieren porque las alternativas –limpieza doméstica o cuidado de ancianos- son casi tan duras como la prostitución pero infinitamente peor remuneradas.

En palabras de Puri: “Hay algunas que se dan de alta como autónomas de la limpieza y lo tienen todo legal. Pero esto no es manera”. Según Puri, lo que hace falta es que legalicen la prostitución y en la calle ya no se espere con miedo la llegada de un coche de la policía.

El debate entre los abolicionistas, que defienden la erradicación de la prostitución, y los legalistas, que abogan por su regularización, está más vivo que nunca. Todos dicen velar por el bienestar de las mujeres: los ayuntamientos defienden su postura mediante planes, ordenanzas y policías, y las asociaciones legalistas gritan sus consignas en la calle.