AGENCIAS
19 de febrero de 2006

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha exigido al presidente del Gobierno una "rectificación inmediata de su política antiterrorista y territorial como única decisión patriótica que cabe en este momento" y que responde a la "exigencia moral de la mayoría de los españoles".

En una declaración en la sede de su partido, tras la que no admitió preguntas de los periodistas, Rajoy expresó su posición ante lo que considera "los dos temas capitales que han constituido hasta ahora, desgraciadamente, la legislatura": la política contra ETA y el Estatuto de Cataluña.

En primer lugar, ante el último comunicado hecho público por la banda terrorista, el líder del principal partido de la oposición recalcó que "el presidente del Gobierno no puede estar dispuesto a lo que sea, como sea, a pagar precio por cosas por las que no se puede pagar precio".

Insistió en que una política antiterrorista "seria y que tenga como objetivo básico derrotar el terrorismo y promover la libertad se debe basar en los siguientes principios: hablar poco, ser prudentes, pactar con la oposición, aplicar la ley, no cambiarla hasta que el terrorismo deje de ser terrorismo, honrar a las víctimas y no pagar un precio político".


Pacto antiterrorista

"Esto se hizo mientras estuvo vigente el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo", prosiguió, " el Gobierno ha decidido cambiar la política antiterrorista y lo ha hecho en contra de nuestro criterio", agregó. "Se ha roto en una política de Estado tan importante con una oposición que quería colaborar con lealtad".

Puso como ejemplo el "trato con las víctimas", el cese del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, el Congreso de Batasuna, o "permitir que ETA estuviera en el Parlamento vasco", un comportamiento del Ejecutivo que considera "enormemente dañino en la lucha contra el terrorismo, y hemos venido advirtiéndolo".

Acusó al Gobierno de haber "sustituido la voluntad y el mensaje de derrotar a ETA por mendigar una tregua a la banda terrorista", y ésta responde con un comunicado que dice "lo mismo que en los últimos 30 años, que no es el que desde el Gobierno, de manera frívola e irresponsable, ha estado anunciando a todos los españoles".


Transparencia y firmeza

"El único comunicado de ETA que puede interesar es aquel que diga que 'desde hoy deja de ser terrorista, esta organización no existe, se disuelve'. Cualquier otro no va a decir nada distinto del de ayer", que no hace sino aclarar que condiciona todo a "aquello por lo que lleva matando 30 años, la denominada autodeterminación".

Reiteró que en esta situación el Gobierno ha de "cambiar la política antiterrorista, decir con claridad meridiana que no se negocia ni se paga un precio político" a quien amenaza, extorsiona y priva de libertades a los ciudadanos, y mantener con "transparencia y firmeza" la política que ha debilitado "como nunca" a la organización terrorista.


El Estatut

Rajoy introdujo en su declaración una reflexión sobre la tramitación del Estatuto de Cataluña, materia en la que también exigió rectificación al Gobierno, porque sólo ha conseguido "dos años y medio de discusión desatendiendo lo fundamental, sin gobernar, olvidándose de las necesidades e intereses" de los ciudadanos.

"Ayer los socios del PSOE se movilizaron entre otras cosas en contra de lo que está haciendo ahora el PSOE, pero son sus socios", agregó. "Ha roto con el PP el consenso que siempre ha existido desde 1978" en torno a los Estatutos, y ha permitido que el Congreso tramite una reforma "claramente lesiva para los intereses generales".

En su opinión, el Estatuto de Cataluña "atenta contra las libertades individuales", consagra un "intervencionismo atroz" y afecta a la igualdad y la solidaridad, con lo que pone "en tela de juicio" lo que estaba en el alma de los españoles y demuestra que se está "mirando hacia atrás, no hacia adelante".

"En mala hora" se ha iniciado el proceso de reforma de los Estatutos, sin responder al interés ni los objetivos del Estado, prosiguió, pero si se quiere "cambiar las reglas del juego", debe hacerse, en la línea de la opinión del Consejo de Estado, con el procedimiento adecuado: una reforma constitucional.

De lo contrario, concluyó, se corre "el riesgo de un Estado no viable, que no puede ejercer sus funciones básicas", porque si carece de competencias y de medios económicos, "estamos hablando de una cosa distinta a lo que es España, el país más viejo de Europa".