EVA LUNA
1 de marzo de 2008

Son cerca de un millón y se consideran necesarios para regular la naturaleza. El colectivo de cazadores en España asegura estar marginado, desfavorecido, perseguido y mal visto socialmente. A su mala prensa contribuyen los furtivos, los que cuelgan a sus galgos del cuello cuando ya no les sirven. Pero esos, dicen, son sólo unos pocos, que ensucian la imagen del resto. Hemos pasado una jornada de caza, escuchando sus reivindicaciones.

La Real Federación española de Caza, promotora de la manifestación, ha elaborado un manifiesto con 10 puntos en contra de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Los cazadores dicen que es necesario ser abogado para entender las restricciones impuestas a su actividad. Pero algunos, los más conservacionistas, los más moderados, consideran que la Ley no les perjudica en su totalidad.

Uno de los puntos más polémicos es el del plomo. La norma dice que las municiones deben ser sustituidas en las zonas húmedas puesto que el plomo es tóxico. La mayoría no quiere cambiar su munición que supone cambiar también de armas y, en algunos casos, decir adiós a la escopeta heredada de padres o abuelos. Y supone importantes sanciones, (de 500 a 5000 euros), si el cazador ronda una zona húmeda en posesión de cartuchos de plomo. Los cazadores critican que la Ley ni siquiera especifica qué es una zona húmeda.

La Federación de Caza considera que la Ley de Biodiversidad es la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. Por eso se han manifestado masivamente. Sin embargo no todos los cazadores están a favor de una concentración, que, a una semana de las elecciones -dicen- ha politizado de manera innecesaria al sector cinegético.