AGENCIAS
16 de junio de 2006

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy una resolución que permitirá transferir al ex presidente de Liberia Charles Taylor a La Haya, donde será juzgado por el Tribunal Especial para Sierra Leona.

Taylor está acusado de once delitos, que incluyen crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves de las leyes humanitarias internacionales.

Al ex gobernante se le acusa de haber apoyado a los rebeldes armados de Sierra Leona, responsables de reclutar niños soldados, así como de múltiples violaciones y mutilaciones de civiles.

Los cargos que pesan sobre Taylor fueron perpetrados durante su intervención en la guerra civil de Sierra Leona entre 1997 y el 2002, y por ellos debe responder ante el Tribunal para Sierra Leona, cuya sede se encuentra en Freetown, capital de ese país.

No obstante, cuando el ex líder fue detenido, el Tribunal Especial consideró que su presencia física en Sierra Leona podía afectar la estabilidad y amenazar la paz en la región, por lo que fue enviado a La Haya.

Taylor, de 58 años, vivió exiliado en el sureste de Nigeria desde que salió del poder en Liberia en el 2003 hasta el 27 de marzo pasado, cuando huyó después de que el presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, anunciara que colaboraría con su extradición.

El ex dignatario trató de escapar a Camerún, pero las autoridades nigerianas lo capturaron dos días después y lo trasladaron inmediatamente a Monrovia, donde se entregó su custodia a la ONU.

La resolución aprobada hoy por unanimidad por los miembros del Consejo insta al secretario general de la ONU, Kofi Annan, a que haga todos los preparativos legales y operativos necesarios para trasladar a Taylor a La Haya, en Holanda.

Hace unos días, el gobierno británico se ofreció para que el ex presidente de Liberia cumpla en el Reino Unido la sentencia que le sea impuesta por el Tribunal Especial para Sierra Leona.

El Tribunal Especial para Sierra Leona es una instancia independiente establecida en 1996 por las Naciones Unidas para procesar a los responsables de violaciones graves de las leyes humanitarias internacionales, tales como los crímenes de guerra, durante la guerra civil que ocurrió de 1991 al 2002.

Hasta el momento, el Tribunal ha acusado a once personas relacionadas con las tres antiguas facciones armadas del país.