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Un pequeño videoclub, multado con 1.300 euros por negarse a pagar el canon
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ADRIANO MORÁN
9 de octubre de 2006

Un juzgado de Girona ha multado con 1.292,96 euros a Miguel Ángel Mondéjar por negarse a pagar el canon por superficie al que están obligados los videoclubes. Pese al fallo, la sentencia afirma que el modelo de recaudación de la SGAE es injusto y “facilita su actividad recaudatoria en detrimento de la verdadera justicia distributiva”. Tras este conflicto se esconde la crisis que sufre el sector.

"Estamos olvidados de la mano de Dios, están mejor tratados los 'manteros' que nosotros". Miguel Ángel Mondéjar es uno de los cientos de propietarios de un negocio que está acusando graves pérdidas debido al 'top manta' y a los nuevos modelos de negocio y distribución de cine en la red.

El problema es el siguiente: hasta finales de 2005 estos establecimientos pagaban una suma fija de 0,90 € a las sociedades de autores por cada película que adquirían. Pero con el cambio de la ley, en enero de 2005, se decidió que este impuesto se recaudaría teniendo en cuenta la superficie del local.

Miguel Ángel Mondéjar se queja de que él y muchos de sus compañeros ya habían pagado por cada una de sus películas así que se negó a hacer frente a este nuevo gravamen. Como resultado, como se lee en la sentencia, notificada el día 5 de octubre, el juez le obliga a aportar 1.292,96 euros más intereses a la SGAE, aunque reconoce que pertenece a un sector en crisis y que atraviesa una situación complicada.


Recaudación frente a justicia

El juez insiste en que "entiende las quejas del demandado" ya que su negocio "por la imposibilidad de los poderes públicos en impedir la piratería resulta progresivamente cada vez más ruinoso".

A su vez, considera que "el nuevo criterio de recaudación establecido por la SGAE tiende exclusivamente a facilitar su actividad recaudatoria en detrimento de la verdadera justicia distributiva" y considera injusto el pago por metros cuadrados, "sin distinción de categorías y calles y sin una comprobación del stock almacenado".


Una sentencia "pobre" para unos, "justa" para otros

Miguel Ángel Mondéjar se pregunta ahora a dónde va su dinero. Insiste en que pidió a la SGAE su repertorio para comprobar si sus películas figuran efectivamente en su él pero asegura que se negaron a facilitárselo. "Estoy pagando a la SGAE por películas porno y videojuegos que están exentos del canon", asevera. Para explicarlo añade que es "como ir a comprar un piso y pagarlo sin que te dejen verlo".

La clave, para el abogado del caso, Carlos Sánchez Almeida, está en que la nueva Ley de la Propiedad Intelectual, en concreto su artículo 90.3, “beneficia a los locales grandes frente a los pequeños y medianos”. La diferencia entre regentar un negocio de cien o de cuatrocientos metros cuadrados es escasa. Un videoclub de entre uno y sesenta metros cuadrados paga 32,43 € mientras que uno de más de trescientos aporta 56,54.

Almeida, que confía en ganar el recurso de una sentencia que considera “pobre”, asegura que, en el caso de su cliente y en el de otros muchos videoclubes, “se intenta cobrar dos veces por lo mismo, una por el stock que el propietario ya tiene y otra por los metros cuadrados” punto en el que coincide con el juez.

Por su parte Javier Lozano, presidente de la Federación Española de Videoclubes Asociados (FEVICA) opina que “es una sentencia justa que parte de un consenso entre la SGAE y la mayoría de los videoclubs del país”. Asegura que “con el cobro por superficie nos ahorramos dinero”.


SGAE: "Son tarifas pactadas"

Agnela Domínguez, directora de Comunicación de la SGAE en Cataluña afirma que han hecho todo lo posible por consensuar las tarifas con el sector. "Nos hemos sentado con ellos, tenemos acuerdos con las asociaciones de videoclubes para pactar las tarifas".

Asegura que no pretenden perjudicar a los pequeños negocios. Entienden que "el sector no vaya bien pero nosotros estamos amparados por la ley y tenemos que defender a nuestros asociados que también están sufriendo mucho en estos momentos".

Con respecto a las acusaciones de no mostrar su repertorio, Domínguez asegura que no lo ofrecen porque "es todo" al tener convenios de reciprocidad con asociaciones de todo el mundo. "Los beneficios se reparten entre las asociaciones que corresponda". Añade, además, que el cine porno también está amparado por la SGAE, “muchos de los principales productores son catalanes y tienen sus obras en nuestra asociación”.

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